18 meses de cárcel para un arquitecto por edificar un chalé en el parque regional del Manzanares

La Audiencia Provincial ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Penal número 24 que consideraba culpable al arquitecto Ricardo Carretié Barcaiztegui de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia por edificar una vivienda en una zona de alta protección del Parque Regional de la Cuenca del Manzanares próxima a Colmenar Viejo. Carretié tiene que afrontar una pena de un año y seis meses de prisión -si bien no ingresará en la cárcel-, una multa de 6.000 euros, inhabilitación de un año para promoción de obras y demoler la casa (de 199 metros cuadrados).

La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid, personada en la causa, asegura que la primera sentencia condenatoria, de junio de 2003 y que ahora ha sido ratificada por la Audiencia, fue la primera dictada por un delito contra la ordenación del territorio en Madrid. En el tiempo transcurrido, sólo se ha producido otro dictamen semejante, que pide el derribo de un complejo de edificios en Robledo de Chavela.

Carretié presentó un recurso de apelación en la Audiencia Provincial, que se pronunció el pasado enero manteniendo la sentencia. "La confirmación de la Audiencia implica que hay que derribar la vivienda. Y eso es lo único que perseguimos. Queremos acabar con las casas ilegales, porque se está alicatando la sierra y convirtiéndola en un barrio de Madrid", sostiene Juan Manuel López, abogado y miembro de la asociación.

El abogado del condenado, Pedro Taracena, considera que la sentencia es exagerada y que el derribo de la casa sólo conducirá a un deterioro del entorno. "Demoler la vivienda implicará un mayor destrozo para el medio que mantenerla. Hay que tener en cuenta que es un conjunto, y que las otras edificaciones sí están autorizadas", dice. Al mismo tiempo, especifica que dejar entornos semejantes sin ningún uso conlleva el abandono de las fincas con el consiguiente riesgo de incendios. En este momento, el condenado estudia un posible recurso de amparo.

Reserva integral

Carretié decidió edificar en la finca El Guindo, situada en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, a la altura del kilómetro 13 de la carretera M-518, que une con un sinuoso trazado los pueblos de Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares. Pero la zona tiene la calificación de A1, es decir, Reserva Natural Integral, y goza de la calificación de suelo especialmente protegido. Sólo el patronato del parque regional (su máximo órgano de gobierno) puede firmar este tipo de autorizaciones.

"Es un área muy protegida por su valor medioambiental. Allí anidan águilas imperiales y buitres negros, además de otras muchas especies", explica López.

El juzgado mantiene que el acusado conocía las dificultades para edificar, ya que es arquitecto superior. Sin embargo, Carretié inició en enero de 1999, sin solicitar autorización alguna, las obras para levantar en la finca un colmenar, un aljibe de agua y una vivienda unifamiliar de 199 metros cuadrados con tres dormitorios, dos baños, salón, comedor y cocina.

Los agentes forestales descubrieron la infracción el 24 de enero de ese mismo año, y denunciaron las obras ante la Consejería de Medio Ambiente. Cinco meses después, en junio, el Gobierno regional incoó un expediente sancionador contra la sociedad Montenebro, SA, de la que es administrador único Carretié. Se dio orden de parar las obras. "Orden que fue recibida y conocida por el acusado, sin que se respetara la misma", explica la sentencia

El 27 de septiembre de 1999, el condenado solicitó licencia de obras al Ayuntamiento de Colmenar Viejo para proceder a la rehabilitación de un colmenar, ampliación y mejora de las instalaciones y edificación de vivienda unifamiliar adscrita a explotación agrícola y cinegética. El 31 de octubre de 2000, el patronato del parque negó el permiso para la vivienda.

La Comunidad de Madrid también se opuso a la vivienda, pero aprobó el resto de edificaciones. El abogado del ahora condenado señala que tiene interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión de la Comunidad, que todavía no está resuelto.

A pesar de no haber obtenido los permisos, el dueño de la finca prosiguió con las edificaciones. "Se le precintó la obra tres veces, pero rompió los precintos", indica el abogado López. El patronato puso el problema en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Colmenar Viejo. A la denuncia se sumó la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y de la Sierra de Madrid.

"Nos costó mucho que el dueño de la finca fuera a declarar. Finalmente lo hizo, y allí dijo que esto antes se arreglaba con una multa. Se olvida de que el delito contra la ordenación del territorio existe desde 1995", comenta López. La asociación tiene abiertos otros ocho procedimientos contra otras tantas edificaciones ilegales en la sierra.