El Parlamento Europeo liberaliza los servicios y salva los derechos sociales y laborales

El Parlamento Europeo aprobó ayer por una confortable mayoría la directiva de servicios, cuyo objetivo es facilitar a las empresas que desplieguen sus actividades sin trabas en todos los países de la UE. Tras la supresión de 65 obstáculos administrativos y escuchar las reclamaciones de los sindicatos, las compañías podrán prestar sus servicios en otros países comunitarios sin tener que establecerse en ellos. Del texto aprobado desaparece el polémico principio por el que una empresa podría actuar en otro Estado aplicando la regulación de su país de origen, aunque implicara una protección social inferior. El texto aprobado ha sufrido un cambio radical que limita sus aspectos más liberales y que asegura el mantenimiento de los derechos sociales y laborales.

De la importancia de la directiva da idea el hecho de que los servicios representan el 70% de la actividad económica europea. Su liberalización puede crear 600.000 empleos. Su discusión ha provocado una gran movilización social durante los últimos dos años, especialmente intensas en Francia, Alemania y Bélgica, y ha puesto a prueba la resistencia del modelo social europeo. Será uno de los platos fuertes que discutirán los jefes de Estado y de Gobierno en la próxima cumbre de marzo.

El acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo, con 732 diputados, es fruto del pacto entre el Partido Popular Europeo (PPE), el Partido Socialista Europeo (PSE) y la mayoría del grupo liberal. Obtuvo el apoyo de 394 diputados; 215, en contra, y 33 se abstuvieron. Tras el "cambio radical" sufrido por la directiva sobre el texto inicial presentado por la Comisión Europea, su ponente, la diputada socialdemócrata Evelyne Gebhardt, subrayó ayer la "dimensión social" que recoge el texto, y que tiene en cuenta"la seguridad de los puestos de trabajo". Los puntos clave son los siguientes:

- Sectores incluidos. Se aplica a servicios muy diversos, como son la publicidad, la construcción (incluyendo los servicios de los arquitectos), la fontanería, la consultoría y el asesoramiento empresarial, las agencias inmobiliarias, las agencias de viaje, las guarderías, los servicios de turismo, el mantenimiento de oficinas, la seguridad y los alquileres de vehículos.

También quedan incluidos los llamados servicios de interés económico general. La gestión de este tipo de servicios los prestan empresas privadas a través de una concesión. Entre ellos figura la distribución de agua, gas, electricidad, la educación privada, el tratamiento de aguas, la eliminación de residuos, etc.

- Sectores excluidos. De entrada, todos aquellos servicios que ya están regulados con su propia directiva quedan excluidos. Es el caso de los servicios financieros y de las redes de comunicación electrónica y de transportes. Tampoco están bajo el paraguas de la directiva los servicios postales, audiovisuales, el juego, la auditoría de cuentas y las notarías. Quedan excluidas igualmente las agencias de trabajo temporal y toda la normativa que afecta a la legislación laboral, como las condiciones de la contratación, empleo y salud laboral. Ni tampoco la negociación colectiva. Tampoco afectará a los servicios de bienestar social, vivienda, ayudas a las familias, jóvenes y niños. La exclusión afecta expresamente a los servicios administrativos que presta el sector público, como los de la policía, judiciales, educación pública financiada íntegramente por el Estado y la sanidad, tanto pública como la privada.

- Eliminación del "principio del país de origen". Era el punto más conflictivo. Se trata de un principio que permitía a una empresa regirse por las leyes del Estado en el que se había constituido, y no por las del país en el que prestaba el servicio. Este principio había despertado el temor a que se legitimara el dumping social, y los sindicatos temían la competencia desleal de empresas con trabajadores regulados por una protección social inferior. El principio en cuestión desaparece del texto. Ha sido "completamente eliminado" según los socialistas, como recordó Gebhardt. "Se ha logrado quitar todo lo que significaba la liberalización de los mercados de trabajo", apuntó el diputado socialista español Manuel Medina.

Para los conservadores, no obstante, aunque no aparezca el principio en el texto, continúa aplicándose, ya que figura en los tratados de la UE y en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo. Así, el diputado conservador Malcolm Harbour destacó que el acuerdo alcanzado en el Europarlamento supone "el inicio de una nueva era del mercado interior", por la eliminación obligada de obstáculos a las empresas.

- Ventanilla única. Éste es uno de los logros más importantes de la directiva. El objetivo de su creación es favorecer y simplificar los trámites administrativos existentes para que las empresas que prestan servicios puedan realizar todos los trámites, especialmente por la vía electrónica.