La pérdida de 13 cintas del juzgado de Del Olmo abre la vía para absolver a seis 'narcos'

La pérdida de 13 cintas magnetofónicas de un sumario sobre narcotráfico que fue instruido por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo puede ser determinante en la suerte de media docena de cabecillas de una red integrada por narcotraficantes turcos y españoles, cuyas condenas deben ser estudiadas por el Tribunal Supremo. Según fuentes judiciales, la desaparición de las cintas ha obligado al ministerio fiscal a estimar las peticiones de algunos de los recurrentes al no poder sostenerse unas condenas basadas sólo en testimonios policiales y en las transcripciones de las cintas. El Supremo tiene la última palabra.

Los hechos se refieren al sumario 1/2003 del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Juan del Olmo, en el que fueron investigados más de 30 integrantes de una organización de narcotraficantes turcos y españoles dedicados al tráfico de heroína y cocaína, cuyos beneficios blanqueaban y remitían a Turquía, Marruecos y Alemania. Tras un seguimiento durante los años 1999 y 2000 la policía les incautó 16 kilos de cocaína, 52 kilos de heroína, armas, vehículos y dinero.

En enero de 2004 se detectó la desaparición de 13 cintas magnetofónicas que contenían conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, relativas a 13 de los integrantes de la organización, cuya custodia correspondía en ese momento al juzgado central número 6, cuyo titular es Juan del Olmo.

La desaparición de las cintas provocó la apertura de un expediente gubernativo en el que la Fiscalía Antidroga solicitó en tres ocasiones la búsqueda del material fonográfico tanto en otros procedimientos abiertos en el juzgado central 6 -que meses después comenzó a instruir el sumario del 11-M- como en los demás juzgados centrales de la Audiencia Nacional.

Antidroga también instó la búsqueda de las cintas en todos los posibles lugares de depósito de la Audiencia Nacional, así como que se investigara qué cintas fueron entregadas a la policía para el análisis de identidad de las voces registradas y cuáles fueron remitidas al archivo de cintas de la Audiencia Nacional.

Todo inútil. El 9 de marzo de 2004, el juez Del Olmo declaró concluso el sumario con más de una treintena de procesados. A Del Olmo se le planteaba una doble opción, según expuso en ese auto: esperar a la posible localización de las cintas magnetofónicas grabadas o continuar el trámite procesal. El juez justificó su decisión en la necesidad de asegurar un proceso sin dilaciones indebidas y declaró conclusa la instrucción judicial.

Ilocalizables

Sin embargo, las cintas no aparecieron. Los demás juzgados fueron enviando oficios en sentido negativo e incluso alguno devolvió cintas, pero que no se correspondían con las del sumario 1/2003.

A finales de noviembre de 2004, en los días previos al inicio de las sesiones del juicio oral ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se constató la existencia de otras cintas no localizadas, razón por la cual fueron reclamadas al juzgado central número 6.

Sin embargo, en los días siguientes tales cintas no pudieron ser encontradas para su audición en el juicio oral, por lo que la Fiscalía Antidroga tuvo que mantener la acusación contra los cabecillas de la red de narcotráfico con la lectura de las transcripciones de las conversaciones intervenidas y las declaraciones de los policías que intervinieron en las escuchas.

Con todo, la Audiencia Nacional condenó a la mayoría de los narcotraficantes de la red y especialmente a los cabecillas, que salieron del juicio con "penas importantes" de entre 14 y 20 años de prisión.

Entretanto, la Fiscalía instó la ampliación de las investigaciones en marcha y así, en sucesivos informes de septiembre de 2005 y de enero de 2006, el jefe Antidroga, Javier Zaragoza, reiteró las pesquisas que debían realizarse hasta que finalmente, a principios de este mes, se remitió testimonio del expediente a los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla, en Madrid, para la investigación penal de la desaparición de las cintas.

Entretanto, los condenados presentaron sus respectivos recursos de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Según las fuentes consultadas, las cintas desaparecidas afectan fundamentalmente a las conversaciones mantenidas entre 13 de los cabecillas de la red, y de manera posiblemente decisiva a seis o siete de ellos.

Según explicaron las citadas fuentes, al tratarse de los jefes de una red, los investigadores tienen mucha mayor dificultad para llegar a ellos que para localizar a los transportistas de la droga, por lo que frecuentemente las únicas pruebas contra los cabecillas son las que se pueden obtener de las intervenciones telefónicas. Por eso, la falta del soporte material donde se contienen esas grabaciones puede ser decisiva a la hora de inclinar la balanza hacia una absolución por falta de pruebas, sobre todo si del conjunto de las investigaciones no hay otros factores que permitan sostener la incriminación de un sospechoso.

Hace aproximadamente un mes, la Fiscalía del Tribunal Supremo tuvo que despachar el informe sobre los recursos de los narcotraficantes condenados. Al examinar el sumario y la sentencia de la Audiencia Nacional, llegó a la conclusión de que había que estimar los planteamientos de algunos de los recurrentes, por haber sido condenados sobre la base de una prueba tan endeble como unas cintas que habían desaparecido.

En definitiva, y pese a haber constatado que los recurrentes a los que afectaba la pérdida de las cintas eran precisamente los cabecillas de la red, la Fiscalía del Supremo se inclinó por informar a favor de los recursos.

Responsabilidades penales

Sin embargo, ante la gravedad de lo sucedido, la Fiscalía del Supremo adjuntó a su informe una propuesta en la que pedía deducir testimonio de la desaparición de las cintas para determinar las responsabilidades penales de los culpables de la pérdida.

Fuentes fiscales explicaron que en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo, la función de la Fiscalía no es la de mantener la acusación, como se hace en la instancia -en este caso la Audiencia Nacional-, sino la de comprobar que las cosas se han hecho de acuerdo con la más estricta legalidad.

Por otra parte, fuentes fiscales indicaron que existe preocupación en la Fiscalía del Tribunal Supremo porque algunas de las sentencias más significativas de la Audiencia Nacional de los últimos tiempos pueden encontrarse con insuficiencias probatorias que determinen la estimación de algunos recursos.