Trabajo paró 227 obras por falta de seguridad de enero a septiembre de 2005

La Inspección de Trabajo y Seguridad obligó a paralizar 227 obras por infracciones en materia de seguridad y salud laboral entre enero y septiembre del pasado año. El valor de las multas ascendió a 7,9 millones de euros. Esta cifra representa el 11% del total de las multas giradas en España, según datos del Ministerio de Trabajo. Hasta el tercer trimestre de 2005, el órgano laboral levantó 3.026 actas por irregularidades en materia de salud e higiene.

En 2004, los empresarios valencianos fueron castigados con 11,1 millones de euros por infracciones. En ese mismo año, la Comunidad Valenciana ocupó el cuarto lugar en el listado de autonomías más castigadas por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Diez años después de la entrada en vigor de la citada ley, la valenciana sigue engordando el negro listado de accidentes mortales durante el trabajo, con un total de 102 trabajadores fallecidos en 2005. Esta cifra representa una media de una víctima mortal cada tres días.

A la espera de que trasciendan los datos totales de todo el ejercicio, entre enero y septiembre de ese año los inspectores laborales efectuaron 32.985 visitas para comprobar las medidas de prevención de riesgos laborales. El peligro que entrañaba para los trabajadores la actividad que desempeñaban obligó a paralizar 227 obras, lo que afectó a 27.853 operarios. Por provincias, en Valencia el importe de las sanciones fue de 4.750.127euros; en la de Alicante ascendió a 2.697.886 euros; y en Castellón a 530.734 euros.

Desde la entrada en vigor en 1996 de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el número de inspectores dedicados a supervisar la correcta aplicación de la ley por parte de los empresarios asciende a 70 profesionales. Los sindicatos denuncian sistemáticamente que la plantilla del órgano laboral es insuficiente, en tanto que tiene que controlar todos los sectores. "El órgano laboral tiene una precariedad laboral estructural", lamenta Francisco Velasco, secretario de Salud Laboral y Medioambiente de CC OO-PV. Este sindicato denuncia que los funcionarios deben supervisar la desorbitada media de 1.800 actuaciones cada uno. El caso más flagrante es el de Alicante, una de las provincias más dinámicas del sector. El anterior fiscal responsable de delitos laborales ya advirtió en uno de sus informes del déficit de plantilla del órgano laboral.

Aparte de la exigua plantilla de inspectores, Velasco también critica que el Consell no haya creado, como anunció hace dos años, el Instituto Valenciano de Siniestralidad Laboral, que debería sustituir a las ya invalidadas comisiones territoriales. "De esta forma es imposible ejercer un control, por tanto, en vez de avanzar retrocedemos", asevera.