Quién paga la crispación
Los dirigentes del PSOE están decididos a salir al paso de la dura campaña del Partido Popular encaminada a atacar y a poner en duda la política antiterrorista del Gobierno. Creen, sin embargo, que el tema no tiene la gran repercusión electoral que buscan desesperadamente los populares: "La gran mayoría de los ciudadanos sabe que nosotros luchamos contra ETA y no siente intranquilidad. Lo que dicen todos los sondeos es que quiere que el terrorismo acabe, que está harta y que no siente dudas respecto a los socialistas. El coste fue mucho mayor con el tema de la negociación del Estatuto de Cataluña, que provocó mucha más intranquilidad y desconcierto entre los votantes del PSOE", asegura un experto analista del partido.
Los socialistas aseguran que los ciudadanos no albergan dudas respecto a la lucha del PSOE contra ETA: lo único inquietante sería que el proceso acabara en nada
"La increíble campaña del PP respecto a la excarcelación de etarras que ya han cumplido su pena es terrible, digna de la extrema derecha, por lo mentirosa y manipuladora, pero la verdad es que no nos inquieta desde el punto de vista de los sondeos o proyecciones electorales. Ése es un tema que conocemos y tasamos muy bien ", prosigue. "Puestos a inquietarnos, lo que de verdad nos afectaría sería que todo este proceso acabara en nada, frustrando las expectativas de paz de todo el mundo. Eso sería bastante más inquietante".
La pregunta que se hacen muchos analistas políticos es quién va a pagar en términos de intención de voto y de popularidad el coste de la crispación y agitación política que se ha convertido en el eje de la estrategia del principal partido de la oposición. El PP asegura que los sondeos le dan la razón: los populares mantienen unidos a sus militantes y votantes mientras que buscan desanimar y desmovilizar a los del PSOE para que se vayan hacia la abstención. Pero, por mucho que sus sondeos les aseguren que mantienen el electorado propio, hay dos problemas que no consiguen superar: primero, la extrema dureza de su mensaje puede terminar movilizando al electorado del PSOE, y segundo, esa misma radicalidad del mensaje perjudica a la imagen de su principal líder, Mariano Rajoy, cuya credibilidad baja de sondeo en sondeo.
De los dos problemas, el que más anima a los socialistas es el segundo: el presidente del PP sigue en tasas muy bajas de aceptación. El último sondeo preocupante para los populares ha sido el de La Voz de Galicia, según el cual Rajoy, que es gallego, no llega ni al 4,5% de apoyo en esa comunidad, frente al 5,4 de Rodríguez Zapatero o incluso al 5,1 de Alberto Núñez Feijoo, el nuevo presidente del PP de Galicia, un político de tono mucho menos agresivo, próximo casi al de Josep Piqué. "Y si lo que pretenden es desmovilizar a nuestro electorado, cualquier especialista les diría que han empezado un poco pronto: faltan dos años para las elecciones generales", asegura otro dirigente socialista.
Estatuto valenciano
A la espera del trámite parlamentario en el Senado, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados ha dado algunos pasos para igualarlo formalmente a los llamados del 151 (es decir, los de las comunidades históricas, más Andalucía). Ésta será la última vez que se pueda enmendar el estatuto valenciano sin someterlo luego a referéndum en la propia comunidad y ésta la última legislatura en la que el presidente autonómico no puede disolver su parlamento y convocar nuevas elecciones a su voluntad. (Hasta ahora debían celebrarse al mismo tiempo que las elecciones municipales en todo el Estado). La idea de que llegue el día en que cada una de las 17 comunidades autónomas pueda convocar elecciones en una fecha diferente provoca un cierto vahído entre los expertos constitucionalistas, por muy partidarios que sean, en general, de confiar al sentido común la solución de situaciones complejas.
El Estatuto valenciano contiene también una curiosa característica: a partir de ahora no se puede hablar de Comunidad Valenciana, sino de Comunitat Valenciana, con t, porque ésa será su denominación oficial, incluso en los textos en castellano.
Adhiriéndose a la reconocida tendencia a redactar textos legales de difícil sintaxis, el artículo primero del Estatuto reformado dice así: "El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana".
