Socios inmigrantes
El limbo al que fueron lanzadas las instituciones europeas después de los resultados negativos sobre el Tratado Constitucional en Francia y en Holanda no ha puesto nunca en cuestión el dinamismo del desarrollo de nuevas realidades en esta Unión Europea ampliada a 25 miembros. No hay probablemente mejor prueba de ello que los datos que ha publicado ahora la Comisión Europea sobre uno de los fenómenos más controvertidos de nuestras sociedades, como es la inmigración. La apertura de las fronteras internas entre los viejos 15 miembros y los 10 recién llegados había generado infinitos temores sobre avalanchas de ofertas que desestabilizaran los mercados del trabajo a causa de las inmensas diferencias salariales. En un principio, sólo tres (Suecia, Irlanda, Reino Unido) de los 15 miembros antiguos accedieron a abrir sus mercados al libre tránsito de la fuerza laboral.
Un informe del comisario de Empleo y Asuntos Sociales, el checo Vladímir Sipdla, y un discurso del comisario de Comercio, el británico Peter Mandelson, sobre la competencia y libre circulación dejan meridianamente claro que estos tres países, que no tuvieron miedo a la inmigración procedente de los nuevos miembros, se han beneficiado de forma manifiesta de la libertad otorgada, han creado nuevos puestos de trabajo y evitado bolsas de ilegalidad que se han generado en otros que decidieron no adherirse a esta apertura de fronteras a la fuerza laboral eurooriental.
Los europeos deben abandonar sus miedos nacionales a competir entre sí, tanto los trabajadores como las empresas. Spidla deja claro en su informe que la libre circulación, allá donde la hubo, no sólo no provocó perturbaciones, sino que benefició a los países en concreto y a Europa en general. España, que no abrió en un principio sus fronteras, es uno de los países que antes podría unirse a los tres pioneros. Lo que resulta evidente es que mantener o no las trabas burocráticas a la inmigración interna de la UE apenas repercute sobre el flujo real, lo que significa que los países occidentales no tendrán más ni menos trabajadores de los países de Europa central, sino más o menos trabajadores regularizados y cotizantes. Los 12 países que mantienen limitaciones sobre la circulación de los nuevos miembros (salvo Chipre y Malta) han de decidir para el 1 de mayo si levantan las restricciones antes de 2011. Las experiencias avalan una postura favorable.
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