La Audiencia ordena prisión para el testigo que evitó el asesinato de un fiscal

El testigo protegido que evitó el asesinato del fiscal Antidroga Javier Zaragoza, cuya clave es 33-R, explicó ayer a este periódico que no piensa volver a prisión. "Si me obligan, me quitaré la vida", advirtió. La Audiencia Nacional acababa de informarle de que deberá ingresar el próximo miércoles en la prisión de Soto del Real para cumplir una condena de cuatro años de cárcel por un delito de introducción de dinero falso en España.

El testigo 33-R: "No pienso ir a la cárcel. Para que me maten allí, me mato yo antes"

"No pienso ir a prisión; allí esa gente me mataría, y para que me maten así, en una cárcel, me mato yo antes", añadió el testigo 33-R. Según este testigo, de nacionalidad ecuatoriana, las personas que le quieren matar las conoce y son del entorno del abogado Pablo Vioque, quien se halla preso en la actualidad por narcotráfico. Algunas de esas personas le contrataron en nombre de Vioque para que matase a Zaragoza, el fiscal que impulsó la investigación contra el abogado. Debía cometer el asesinato en "los primeros días de 2003". El testigo 33-R, en vez de matar al fiscal, destapó la trama ante la Guardia Civil, y su declaración en el juicio permitió condenar al abogado a siete años de cárcel por conspiración para el asesinato.

"He sido un imbécil", se lamentaba el testigo 33-R. "Al principio, todos, Guardia Civil, jueces y fiscales me prometieron que si colaboraba con ellos para esclarecer la trama no iría a la cárcel. Pero a la hora de la verdad, todos han desaparecido, y ahora me dejan a expensas de personas muy peligrosas que saben que les delaté y colaboré con la Guardia Civil", añadió.

"Cuando me pidieron que colaborase con ellos para recabar pruebas contra Vioque, acepté y me jugué la vida. A cambio, sólo pedí que me dejasen trabajar tranquilo en España y poder traerme aquí a mi padre y a mi hijo, pero ni siquiera esto he logrado".

"Los dos guardias civiles con los que colaboré en la investigación", agrega, "han ascendido en este tiempo, mientras yo he tenido que estar escondido, y ahora, para colmo, tendré que ir a la cárcel", comenta.

El testigo fue condenado el año pasado a cuatro años de cárcel por traer dólares falsos a España. Tras el juicio, el tribunal le suspendió la ejecución de la pena a la espera de que el Gobierno resolviese la petición de indulto que el testigo iba a formular. Pero el Gobierno le denegó hace unos días la medida de gracia, lo que ha precipitado su orden judicial de ingreso en prisión.

Fuentes del Ministerio de Justicia admiten que cuando se estudió el indulto de este testigo, ignoraban la labor que había desarrollado con la Guardia Civil para evitar el asesinato del fiscal antidroga. "En el escrito en el que demanda el indulto sólo explica de forma muy somera la labor de cooperación que desarrolló", señalaron las mismas fuentes. Éstas, no obstante, precisaron en su descargo que tanto el fiscal como el tribunal habían informado en contra del indulto; e insinuaron que si el testigo volvía a solicitar la condonación de su pena previsiblemente le sería otorgada.

El fiscal que investigó este caso, Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, elevó un escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quejándose de la denegación del indulto.

Acompañado de su abogado, Juan de Justo, el testigo 33-R se presentó ayer en la Audiencia Nacional (el tribunal le había citado) y recibió la noticia de que debía ingresar en la prisión de Soto del Real el próximo miércoles día 15.

Su abogado pidió al tribunal que le suspendiese de nuevo la condena mientras se tramita la segunda petición de indulto, presentada el pasado sábado. Tras recibir la orden de encarcelamiento, el testigo se derrumbó.

El fiscal del caso Vioque abunda en la necesidad de velar por los testigos protegidos, "una de las armas más eficaces para combatir la actual maraña de mafias criminales que nos invaden". Asegura que muchos testigos protegidos "se hallan desamparados" y que es necesario un cambio normativo que garantice su seguridad y les proporcione medios de supervivencia mientras están ocultos. "Y, por supuesto, hay que cumplir lo que se les prometa", destaca.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se ha puesto en contacto con Martínez para hablar de este asunto y le admitió que se había producido un fallo. Éste le indicó que lo que había fallado era el sistema. Según comentó, el ministro le dijo: "Tomo nota". Martínez opina que debe habilitarse un organismo que coordine y ayude a este tipo de testigos.