El Puerto de Pasajes, con un pie fuera

El PNV se ha volcado para conseguir que Pasaia cuente con un puerto fuera de su bahía y está a punto de salirse con la suya tras salvar casi todos los obstáculos que tenía delante. En su impulso ha logrado arrastrar a los socialistas. Ambos partidos son los únicos que apuestan de forma decidida y abierta por construir un puerto nuevo y transformar el actual en un área urbana.

El proyecto de Puerto exterior de Pasajes, que surgió en 1999 auspiciado por la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, se encuentra en la rampa de lanzamiento para ser una realidad, pese a la fuerte contestación de los vecinos del municipio y de la oposición de varios partidos y de los grupos ecologistas.

El Gobierno central se implicará si se justifica la ampliación y se respeta la normativa medioambiental

Las opciones que se plantean cuestan entre 600 y 800 millones y las obras no durarían menos de seis años

La última reunión de la Comisión Interinstitucional para la regeneración de Pasaialdea, celebrada a finales de enero pasado con asistencia de representantes del Ministerio de Fomento, el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa y los ayuntamientos de la zona, ha supuesto el primer gran espaldarazo para la futura dársena. Todas las instituciones convinieron en que esta infraestructura es necesaria y acordaron consultar a la UE cuál de las tres soluciones planteadas (ver gráfico) resulta la más idónea desde el punto de vista medioambiental.

En dicha reunión, sólo hubo una voz disonante. El único representante de EA, Martín Beramendi, alcalde de Oiartzun, recalcó sus reticencias al proyecto, aunque finalmente suscribió el acuerdo a favor del mismo. Este partido, que comparte tareas de gobierno con el PNV tanto en el Ejecutivo vasco como en la Diputación guipuzcoana, ha sido el principal escollo para los impulsores de la ampliación. La consejería de Medio Ambiente, también en manos de EA, evita pronunciarse en detalle sobre el asunto, para evitar que se repita el encontronazo que mantuvieron en la anterior legislatura el consejero Sabin Intxaurraga, contrario al puerto exterior, y la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate.

La actual titular de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, señalaba ayer en una entrevista con EL PAÍS su pretensión de que "antes de la decisión, haya una reflexión" y centrarse en la regeneración de Pasaialdea.

La ejecutiva de EA en Guipúzcoa, crítica con su dirección nacional, tampoco había marcado claramente su posición porque supondría trasladar los desacuerdos al Gobierno foral. Los representantes de EA en esta institución habían planteado objeciones a construir un puerto apoyado en los acantilados del monte Jaizkibel, como figura en el proyecto inicial, pero, recientemente, han acogido con agrado la presentación de una nueva solución técnica, llamada puerto-isla, separado 200 metros de las laderas. Ahora dicen que en torno a esta última propuesta se pueden hallar puntos de encuentro.

El acuerdo institucional, clave para relanzar el proyecto, se produjo sin la presencia del representante de Puertos del Estado, su presidente Mariano Navas -el temporal imposibilitó que llegase a San Sebastián-, lo que también jugó a favor de los intereses del PNV para lograr la unanimidad de los asistentes. Puertos del Estado, titular de las actuales instalaciones portuarias, matiza su apoyo incondicional al puerto exterior, y recuerda en todo caso que todas las actuaciones de ampliación serán costeadas por la Autoridad Portuaria correspondiente, sin recursos de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno central tiene consignada una partida plurianual de 9,8 millones de euros hasta 2009 en concepto de "trabajos varios" relacionados con la nueva plataforma portuaria. En todo caso, su implicación en el proyecto se producirá siempre que esté justificada la necesidad de ampliar las instalaciones y el proyecto respete la normativa medioambiental.

EB, el tercer socio del tripartito vasco, es el partido más crítico con el proyecto. En lugar de apostar por la dársena exterior, exige que se dé prioridad a la modernización de las actuales instalaciones. EB está en sintonía con los grupos ecologistas, que advierten de que se puede cometer un atropello medioambiental. Greenpeace sostiene que la construcción de diques fuera de la bahía conllevaría un "elevado impacto ambiental" en un litoral "protegido y excelente estado de conservación". Además, dudan de su viabilidad económica. El director de esta organización, Juan López de Uralde, opina que el puerto exterior es "un gigante con pies de barro, una obra costosísima sin financiación asegurada. Sólo cabe preguntarse a quién beneficia realmente este puerto". El PP reitera que la construcción de los muelles a mar abierto no deben hipotecar la "urgente y necesaria" mejora urbana del interior de la bahía.

Construir un puerto pegado al Jaizkibel requiere una inversión cercana a los 800 millones de euros, mientras que la plataforma separada supondría unos 600 millones. Las obras nunca estarían acabadas antes de seis años en ambos casos. Bruselas tiene la siguiente palabra.