América Latina: ¿nuevos 'lulómetros'?

HACE CUATRO AÑOS estaban a la vista unas elecciones presidenciales en Brasil que podían dar el triunfo al candidato de las izquierdas, el antiguo sindicalista Lula da Silva. Así ocurrió. En plena campaña electoral, un banco de negocios, Goldman Sachs, inventó lo que se denominó el lulómetro. Se trataba de un indicador, basado en una fórmula matemática, por la que se medía diariamente la relación entre las posibilidades de victoria de Lula; los tipos de cambio de la moneda brasileña, el real, y el riesgo-país. Ello añadió incertidumbre a la evolución de la novena economía del mundo, pero fue una incertidumbre que acabó cuando Lula llegó a la presidencia: a partir de ese momento no ocurrió nada de lo que había pronosticado el lulómetro.

El mapa de riesgos no incluye a Chile, donde Bachelet ha nombrado ministros de Exteriores y Hacienda a dos economistas de prestigio, participantes en las citas para superar el Consenso de Washington

Hace pocos días, Aon Credit, una división especializada de la consultora de riesgos y gestión de seguros Aon Gil y Carvajal, presentó el Mapa de Riesgo Político y Económico 2006, que identifica los principales riesgos cambiarios, económicos y políticos de las empresas en el mercado internacional. Como riesgos políticos se entienden "las intervenciones u omisiones de Gobiernos extranjeros y nacionales [sic], la imposibilidad de obtener o transferir divisas, las guerras y la violencia política (conmociones civiles, disturbios, huelga y terrorismo)". En ese mapa se dice que los cambios de Gobierno en países de América Latina (AL) han originado cierta preocupación para las empresas extranjeras. Aquellas con negocios en Venezuela y Bolivia, por ejemplo, se están enfrentando a mayores impuestos, revisiones de contratos y amenazas de expropiación de bienes. Otros cuatro países de esta zona (Belice, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua), junto con Bolivia, han empeorado su riesgo con respecto al mapa de 2005. Las valoraciones sobre Evo Morales, apenas ejerciente unas semanas, no se han hecho esperar y no le han dado ni un respiro.

En ese mapa de riesgos no aparece ninguna preocupación sobre Chile, pese a que también ha tenido elecciones y las ha ganado la socialista Michelle Bachelet. En su Gobierno paritario (mismo número de mujeres que de hombres) sobresalen dos nombres desde el punto de vista económico. El del nuevo canciller, Alejandro Foxley, y el del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ambos muy prestigiosos economistas. Foxley y Velasco compartían mesa todavía hace escasos meses en Salamanca, junto con otro medio centenar de economistas, en la reunión técnica previa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que actualizó la Agenda del Desarrollo, un instrumento creado un año antes con la intención de superar los contenidos del famoso Consenso de Washington. A los economistas reunidos en Salamanca los convocaron Narcís Serra, presidente del Cidob, y Miguel Sebastián, asesor económico de Rodríguez Zapatero, por lo que cabe prever que las relaciones entre el Gobierno español y el Ejecutivo de Bachelet serán aún más estrechas que con Ricardo Lagos.

Menos preocupado por los procesos electorales latinoamericanos -"que ayudan a dar estabilidad a los países, aunque podrían generar algo de volatilidad en los mercados financieros y postergar las decisiones de inversión y consumo de los agentes"- se muestra el Servicio de Estudios del BBVA, que en su último Latinwatch pronostica un crecimiento para la región durante este año del 4,1%, lo que significaría el tercer ejercicio consecutivo de crecimiento económico sincronizado. Estudiando las tripas del modelo latinoamericano (suponiendo que pueda considerarse a AL como un todo, lo cual es muchas ocasiones es una abstración insoportable), el banco indica que el crecimiento potencial de la zona ha disminuido considerablemente respecto a lo observado entre 1950 y 1970 (lo que vuelve a poner en cuestión el Consenso de Washington). Su principal causa sería una disminución de la productividad basada en los reducidos niveles de inversión y la necesidad de una mejora de la calidad institucional. A esta última pueden ayudar, precisamente, los cambios electorales.