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El Gobierno aprueba 34.000 nuevos empleos, de los que 9.600 serán policías y guardias civiles

La oferta pública de este año supone un aumento del 12% respecto al pasado ejercicio

Luis R. Aizpeolea

El Consejo de Ministros aprobó ayer una oferta de empleo público de 34.000 plazas, lo que supone casi un 12% más con respecto a la de 2005. La oferta engloba los puestos de trabajo ofrecidos para la Administración del Estado, con un total de 16.000 puestos, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Para estos dos últimos cuerpos se ha aprobado la mayor oposición de los últimos 10 años, con una oferta de 9.654 plazas, lo que servirá para equilibrar las plantillas. Pese a estas cifras, los que se van seguirán siendo más que los que entran.

Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de los 34.000 puestos de trabajo que recogen los cuatro reales decretos de la oferta pública de este año, 16.000 se repartirán entre la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y las Fuerzas Armadas. Fernández de la Vega resaltó el sustancial aumento de estas plantillas, que situó en "la prioridad que el Gobierno concede a la seguridad ciudadana y a la lucha contra el crimen organizado", recogida en el programa electoral del PSOE, para "garantizar la calidad de vida, con lo que España será más segura que ayer".

En el caso de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, el número de plazas previsto no se ajustará al cien por cien de la tasa de reposición de efectivos, tal y como estaba previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 por su carácter de servicio público esencial. La oferta de empleo para estos dos cuerpos será de 9.657 plazas, frente a las 9.154 del pasado año.

Dos años para patrullar

La oferta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un 31,6% mayor que la de 2004, pero sólo supera a la del año pasado en tres plazas. El ingreso de estos agentes, que no estarán sirviendo en la calle hasta dentro de dos años, permitirá un refuerzo policial en las calles, así como la ejecución de los programas de seguridad diseñados por el Ministerio del Interior, desde los destinados a las bandas juveniles a los planeados para la vigilancia de centros escolares.

Fernández de la Vega destacó que la plantilla de la policía se redujo el 6,7% en la última década, mientras la Guardia Civil vio mermados sus efectivos de 72.000 en 1996 a 69.000 en 2004, en la etapa del Gobierno de José María Aznar. "El año pasado ya rompimos esta tendencia y este año volvemos a aumentar la oferta", precisó la vicepresidenta primera.

Con la oferta de empleo público para el Cuerpo Nacional de Policía, el Gobierno concentrará los agentes en las grandes ciudades, pero prevé abrir nuevas comisarías en aquellos municipios de más de 30.000 habitantes. También pretende reforzar las unidades gallegas, andaluzas y valencianas, que "presentan un déficit de medios humanos" y, "próximamente", las de Aragón y Asturias. Además, paliará el progresivo envejecimiento de las plantillas, concretó la vicepresidenta primera del Gobierno.

En el caso de las Fuerzas Armadas, el real decreto autoriza la convocatoria de 8.463 plazas de nuevo ingreso. La mayoría de estos puestos (8.000) serán para profesionales de tropa y marinería, con el objetivo de alcanzar una plantilla de 80.000 para finales de 2006. Además, el real decreto incluye 355 plazas de acceso directo para militares de carrera, precisó la vicepresidenta.

La oferta de empleo pública concede, asimismo, como prioridad, dentro del personal civil de la Administración, al aumento de los funcionarios dedicados a la atención ciudadana, a los servicios sociales y a la investigación, que ascenderá, por vez primera, a casi medio centenar. "Responden a los objetivos fijados por el Gobierno de reforzar los servicios sociales, así como la investigación", señalan fuentes gubernamentales.

Según destacó la vicepresidenta primera, la oferta de empleo público incluye, asimismo, medidas para impulsar la promoción interna del funcionariado, rebajar la temporalidad en la Administración y favorecer la integración de los discapacitados.

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