El Consejo Escolar andaluz reclama normas nuevas para la convivencia

El Consejo Escolar planteó ayer en el Parlamento andaluz mejorar la convivencia escolar con una batería de reclamaciones concretas que surgen del informe previo sobre conflictividad en las aulas que le pidió la Junta: hay que revisar la normativa vigente y actualizar el plan Cultura de Paz. Pero, sobre todo, hay que dar herramientas teóricas y prácticas a los profesores para que sepan atajar los casos de violencia e indisciplina escolar.

El presidente del Consejo, Emilio Iguaz, presentó las propuestas después de que su informe haya descubierto 26.000 casos de conflicto escolar en Andalucía. Educación ya ha respondido con la creación de un nuevo decreto que reforzará las tutorías y la orientación pedagógica al alumno.

"No serviría de nada un tratamiento generalizado para todos los centros, porque cada uno tiene características especiales. Se debe renovar la normativa, pero también es necesario revisar los planes de cada centro y plantear un trato individualizado", señaló ayer Iguaz. El presidente del Consejo Escolar se presentó ante los vocales parlamentarios desgranando su informe en propuestas concretas de cambio que iban desde una revisión exhaustiva de la normativa de convivencia, que data de 1999, hasta el modelo de formación del profesorado y la creación de un Observatorio para la Convivencia Escolar "que se conciba como un instrumento al servicio de la comunidad educativa".

"Existen deficiencias en la formación de los docentes que hacen necesario un plan de acción tutorial revisado por un orientador y consensuado por el claustro del centro", dijo. En este sentido, Iguaz criticó duramente que los colegios opten sobre todo por la "expulsión del alumno entre cuatro y 30 días", como la medida más habitual para casos graves y "la menos recomendada porque no enseña valores de civismo al muchacho". Todas las sugerencias que Iguaz expuso ayer incidían en la "mayor participación de profesores, padres y orientadores para mediar en los conflictos".

Pero también alentó a los medios de comunicación, "cuya responsabilidad es importantísima", a no echar levadura en las informaciones relativas a la violencia en las aulas de la escuela pública.

El informe que el Consejo Escolar redactó a instancias de la Consejería de Educación se elaboró en paralelo a una macroencuesta en más de mil centros andaluces que ha dejado al descubierto 26.238 casos graves de conflictividad escolar que afectaban a 17.000 chavales. Según los parámetros nacionales y tras advertir que hay 420.000 casos violencia escolar en colegios de toda España, el Consejo estimó ayer que la proporción que padecía la comunidad andaluza no era alarmante.

Conflictivos

El documento contiene más de 200 páginas y limita los casos conflictivos a los chavales de tercer ciclo de Primaria, alumnos de 15 y 16 años que cometen agresiones físicas, y chicos de 14 y 15 años de actitud rebelde que suelen frenar el desarrollo normal de las actividades en clase. Un tercio de los casos registrados en la encuesta, a través del sistema informático Séneca, fueron repeticiones de faltas leves que, al sumarse constituyen infracciones graves. Una falta leve es, por ejemplo, mascar chicle en clase. Si se hace de forma reiterada se convierte en falta grave y se equipara a que un joven le de un bofetón a un compañero.

La parlamentaria socialista Cinta Castillo anunció ayer que la consejera Cándida Martínez presentará en el próximo pleno un nuevo decreto para mejorar la convivencia en los centros educativos en respuesta a los datos del informe del Consejo Escolar. La normativa en la que se está trabajando reforzará las tutorías y potenciará la labor del orientador pedagogo con los alumnos.

La actualización del decreto vendrá, en todo caso, a complementar el Plan de Cultura de Paz, actual modelo de prevención de conflictos en las aulas al que se acogen 801 centros en Andalucía y que influye en más de 241.000 alumnos. Sin embargo, el plan actual data de 2001 y el Consejo aboga por modernizar este proyecto que "ha quedado algo obsoleto". La norma que ahora trabaja Educación recoge un plan anual de convivencia que incluirá protocolos de intervención en conflictos, de cómo organizar las aulas y vigilar los recreos. Hace tan sólo dos días, la consejera adelantó que se tomarían iniciativas de ámbito provincial "como la creación de una comisión provincial de seguimiento de la convivencia" en la que estará representados profesores, padres y orientadores de centro.

En cambio, el Partido Popular se negó ayer a aceptar la lectura que hacían del informe tanto el Consejo Escolar como el grupo socialista. Santiago Pérez, diputado popular, denunció la "desidia" de la Consejería de Educación en materia de convivencia durante el periodo 2000-2006 y achacó al presidente del Consejo que hubiera minimizado datos del informe como "los 2.127 casos de amenazas entre escolares, 1.417 de vejaciones, 3.260 de injurias u ofensas y 3.520 interrupciones de la labor docente".