Balza deberá aclarar la filtración de datos de menores

El consejero de Interior, Javier Balza, deberá explicar la filtración de datos sobre menores conflictivos que se produjo a mediados del año pasado en Nanclares de la Oca. El PP ha exigido al consejero a través de una pregunta parlamentaria que aclare lo sucedido y especifique si fue el propio alcalde de la localidad, el socialista José Javier Martínez, quien pidió a Interior los datos de manera oficial o fueron los responsables policiales quienes entregaron esa documentación de forma voluntaria.

La filtración de estos datos se produjo coincidiendo con la polémica suscitada entre los vecinos de Nanclares por la intención de la Diputación alavesa de ubicar en la localidad un centro para atender a menores conflictivos. En diferentes lugares del pueblo apareció una hoja escrita en la que se detallaban un gran número de actuaciones que había realizado la Ertzaintza en el centro de menores Zabaltzen, de Vitoria, durante los años 2004 y 2005 (ver EL PAÍS del pasado domingo). La información, que no detallaba nombres, pretendía encrespar los ánimos de la población y ponerle en contra del proyecto de la Diputación.

En su pregunta a Balza, el parlamentario del PP Carlos Urquijo quiere conocer a qué tipo de restricciones están sujetos los documentos confidenciales que obran en poder de la Ertzaintza. Urquijo considera que las informaciones han sido filtradas "de manera irregular" y vulnerando "la legislación en materia de protección de datos". "No entendemos que se produzcan estas irregularidades en el caso de menores, que deben recibir una protección aún mayor si cabe en cuanto a sus datos", añade.

El Ararteko ha abierto una investigación para intentar averiguar quién es el responsable de la difusión de la información. El propio alcalde de Nanclares, que ha reconocido que pidió la información directamente a la Ertzaintza, también ha abierto una investigación interna.

Nanclares de la Oca contará finalmente con un centro de acogida para menores que se encuentren en situación de abandono familiar o en riesgo de exclusión social. No tendrá carácter de reformatorio ni será exclusivamente para inmigrantes, tal y como planteó al principio la Diputación alavesa, lo que levantó el malestar de los vecinos hacia el proyecto. El centro tendrá capacidad para unos 10 o 12 jóvenes de entre 16 y 18 años.