La Audiencia ordena a la juez que investigue más el accidente del Yak

Por segunda vez, la Audiencia Nacional ha ordenado a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Teresa Palacios, que investigue las irregularidades que rodearon el caso Yak-42, el accidente en el que murieron 62 militares españoles que volvían de Afganistán en mayo de 2003. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado un auto, fechado el pasado 18 de enero, en el que acuerda la práctica de cuatro diligencias que fueron solicitadas por las familias de las víctimas y denegadas por la juez.

Estas diligencias afectan a la investigación de los presuntos delitos de falsedad de documento y prevaricación cometidos con la errónea identificación de 30 cadáveres, que debieron ser exhumados y entregados a sus verdaderos parientes año y medio después del siniestro.

En concreto, la Audiencia Nacional ordena que se pidan sendos informes a los fiscales y forenses turcos que intervinieron en la entrega de los cuerpos sin identificar a los dos generales imputados en el caso, José Antonio Beltrán y Vicente Navarro.

Igualmente, se llamará a declarar al traductor que asistió a los generales, Jean Pierre Jakubiak, así como al entonces cónsul español en Estambul (Turquía), Ramiro Ezquerra.

En cambio, la sala ha denegado otras dos diligencias, por haber sido practicadas o estar en curso, y tres más, por innecesarias. Inicialmente, el 18 de enero de 2005, la juez Teresa Palacios denegó todas las pruebas pedidas por las familias, pero el 22 de febrero, al resolver el recurso de reforma, admitió llamar a un teniente coronel médico, que ya fue interrogado.

Leopoldo Gay, abogado de las familias de los fallecidos, expresó ayer su satisfacción por el auto, pero advirtió de que "tener que hacer la instrucción de un delito a base de recursos es una muestra evidente de la falta de tutela judicial".

Ya en julio del año 2004 la Audiencia Nacional ordenó a la juez Palacios investigar las denuncias presentadas por el caso Yak-42, que habían sido repetidamente archivadas.

Los letrados de las familias han denunciado la pasividad de la juez. Gay recordó que el informe de la comisión internacional de investigación, que el Ministerio de Defensa remitió a finales de diciembre a la Audiencia Nacional y al juzgado civil de Zaragoza, aún no ha sido distribuido a las partes por la primera, mientras que el segundo lo entregó el 9 de enero.

Las familias confían en que la sentencia del juzgado de Zaragoza que se conocerá en las próximas semanas pruebe que el accidente fue fruto de la negligencia y desbloquee por fin la investigación penal.

Condecoraciones

Por otra parte, el Partido Popular anunció ayer que presentará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se condecore con distintivo rojo a los 17 militares españoles muertos en el accidente de un helicóptero Cougar el pasado 16 de agosto en Afganistán.

Se da la circunstancia de que el distintivo rojo está reservado a acciones de combate, y el PP ni siquiera la concedió a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) muertos a tiros en Irak, mientras que el siniestro del Cougar, según las conclusiones del informe final de la comisión de investigación, fue accidental.