Barcelona multa por primera vez a prostitutas en aplicación de la nueva ordenanza cívica

La Guardia Urbana de Barcelona ha empezado a imponer las primeras multas a las prostitutas, en aplicación de la nueva ordenanza cívica que entró en vigor el pasado 26 de enero y por la que se restringe el comercio sexual en la calle. Las sanciones han sido acogidas con indignación por las trabajadoras sexuales, que acusan al Ayuntamiento de utilizar de manera anticipada y abusiva la ordenanza, incumpliendo su compromiso de establecer un periodo de gracia e información de dos semanas. Los colectivos de prostitutas han anunciado que recurrirán las multas así como la ordenanza.

F. D., de nacionalidad rumana, se ha convertido en la primera prostituta sancionada por la nueva ordenanza cívica, que acota y delimita la prostitución callejera en Barcelona. La sanción le fue impuesta por el agente 24455 de la Guardia Urbana de la unidad 22, el pasado 29 de enero poco antes de las 21 horas, ante el número 8 de la calle de San Ramon, del distrito del Raval. La denuncia acusa a la mujer de "persistir en el ofrecimiento de servicios sexuales remunerados en la vía pública" y se hace constar que fue alertada con anterioridad en dos ocasiones. El importe de la sanción, como es usual en estos casos, le será comunicado posteriormente en su domicilio.

No es un caso aislado, el mismo agente multaba cinco minutos más tarde en la misma calle de San Ramon a una segunda prostituta, J. M. M. . A esta mujer también se la ha acusado de ofrecer servicios sexuales en la vía publica de manera insistente, según se desprende de un documento que obra en poder del colectivo Àmbit Dones, una organización no gubernamental que trata desde hace años de defender y proteger a las prostitutas y travestidos de Barcelona.

Los colectivos de mujeres trabajadoras del sexo consideran estas multas ilegales e irregulares ya que suponen el incumplimiento de un compromiso que el Ayuntamiento adquirió con las prostitutas a las que se les otorgó un periodo de gracia de al menos dos semanas, para que pudieran ser informadas y sensibilizadas con respecto a la nueva reglamentación. La misión de información esta corriendo a cargo de trabajadoras sociales, contratadas por el Ayuntamiento, especialmente en una campaña que en principio durará 15 días, pero que podría prolongarse, si los responsables municipales lo consideran necesario.

Las asociaciones de prostitutas consideran así mismo irregulares e ilegales las "advertencias" que de manera indiscriminada y general ha estado distribuyendo también la Guardia Urbana. En el documento de advertencia, en el que se recoge el texto de las ordenanzas en las que se limita la prostitución callejera, se hace constar el nombre y apellido de la prostituta, su número de pasaporte o carné de identidad, así como su residencia. El documento incluye también la firma de la implicada.

"Tanto las multas como las advertencias suponen una actuación abusiva del Ayuntamiento. Estamos además convencidos que estas no son las únicas multas impuestas en los últimos días por el Ayuntamiento de Barcelona, en aplicación de la nueva ordenanza cívica", aseguraba ayer Marcela Torres, miembro del colectivo Àmbit Dones. El departamento jurídico de esta organización se ha empezado a coordinar con otras asociaciones similares para emprender una batalla legal contra las sanciones y las advertencias y recurrir al mismo tiempo y de manera global la ordenanza cívica. La actuación de la Guardia Urbana se ha venido centrando en el barrio del Raval de Barcelona, especialmente en las cercanías de la calle de San Ramon, pero también ha llegado a otras zonas, como la plaza de les Glòries o Esplugues, afirma el colectivo de Àmbit Dones.

El Ayuntamiento de Barcelona reconoció ayer la existencia y la distribución de las advertencias, pero no de las sanciones. Un portavoz municipal recalcó que las "advertencias" carecían de carácter sancionador, aunque en las mismas se recogiera la filiación de las trabajadoras sexuales. La ordenanza cívica, en sus artículos 35 y 39 prevé sanciones que oscilan entre los 120 y los 750 euros a aquellas prostitutas que ejerzan su trabajo en las calles, invadiendo e imposibilitando el tráfico rodado o actuando a menos de 200 metros de centros educativos. El incumplimiento reiterado de estas normas podría entrañar un delito de desobediencia con penas que van desdes los seis meses al año de prisión.