Los locales 'punt de trobada' para el menor registran 370 usuarios en ocho meses

Los cinco locales que el Departamento de Bienestar y Familia abrió en abril del año pasado para garantizar la seguridad de los menores durante las visitas de los padres o familiares que no tienen la custodia registraron 370 usuarios. El servicio nació de la voluntad de crear espacios neutrales donde se puedan cumplir los regímenes de visita asegurando el bienestar de los hijos en los casos en los que hay riesgo para ellos. Por ello, el encuentro se realiza en salas que cuentan con un circuito cerrado de televisión.

En estos locales, llamados de punts de trobada (PT), es también donde los padres que han perdido la custodia de sus hijos, en manos del Servicio de Atención a la Infancia, acuden a verlos. Los encuentros se realizan normalmente una vez por semana. Los equipamientos sirven igualmente como espacio donde solucionar conflictos familiares, como separaciones y divorcios en los que se involucra indebidamente a los hijos o en los que la mujer ha sido víctima de violencia doméstica. Los juzgados y los equipos de atención a la infancia y adolescencia se encargan de derivar a los usuarios hacia este servicio a través de Bienestar.

Los PT están equipados con diversas salas y equipos multidisciplinares integrados por personas tituladas en psicología, pedagogía y educación social. A los cuatro PT que ya funcionan en Barcelona y el que se abrió en Lleida, ayer se sumó otro en El Prat. El objetivo del Departamento de Bienestar y Familia es crear una cincuentena de centros más, "uno para cada partido judicial".

El centro de El Prat, en el que trabajan cinco profesionales, se ubica en el barrio de Sant Cosme, en un equipamiento donde ya se daba un servicio público de orientación a las madres sobre cómo cuidar y alimentar a sus hijos. Se calcula que tiene capacidad para atender unos 200 casos al año.

Según el Departamento de Bienestar, los usuarios de los locales son familias de todos los niveles sociales. La utilización de estos espacios se prevé que debe ser excepcional y se intenta que no exceda los seis meses, con el fin de que las visitas puedan efectuarse de una forma normalizada.