Exigencias y responsabilidad
Las últimas propuestas formuladas por la Consejería de Educación y que ha publicado la prensa, resultan, cuanto menos, curiosas. Yo no sabría, desde luego, encontrar mejor calificativo para la recomendación de que se habiliten nuevas aulas en los patios y los comedores escolares. Si la medida se hubiera dictado en un país asolado por las catástrofes o sumido en la pobreza, no nos extrañaría. Al contrario, pensaríamos que se trataba de una disposición plausible a la vista de las circunstancias. Pero, si exceptuamos el urbanismo, en la Comunidad Valenciana no hemos padecido ninguna catástrofe, ni se puede afirmar que seamos una región de escaso desarrollo. Al contrario, Francisco Camps, nuestro presidente, no se cansa de proclamar que somos la región más avanzada de Europa, y una de las que goza de mejores condiciones de vida. ¿Debemos pensar, entonces, que es propio de una sociedad avanzada convertir en aulas los patios y los comedores escolares?
La disposición de la consejería viene a confirmar los peores pronósticos que se habían hecho sobre su funcionamiento. La educación es un asunto delicado, que exige mucho dinero y un planeamiento riguroso si se pretende atender las demandas que la sociedad formula. Cuando algún elemento falla en la cadena, las consecuencias son casi siempre graves porque las soluciones de última hora suelen ser poco eficaces. Si hemos de atenernos a lo que se ha escrito en la prensa, la Consejería de Educación había realizado las previsiones oportunas; se sabía que durante este curso aumentaría el número de alumnos de infantil y de primaria; se conocía el número de aulas que serían necesarias. Pues bien, llegado el momento, todos esos cálculos no han servido absolutamente para nada y ha habido que recurrir, a última hora, a solicitar a los colegios que habiliten cualquier espacio. ¿Qué ha sucedido para que la Consejería de Educación no haya atendido sus propias previsiones?
Ante la situación creada, caben dos tipos de respuesta: una lleva a considerar como ineficiente a la Consejería de Educación, incapaz de afrontar las previsiones que ella misma ha realizado; otra nos conduce a pensar en el desinterés de los políticos hacia la enseñanza pública. Si tenemos en cuenta que tanto el presidente Camps como el consejero Font de Mora se han manifestado siempre a favor de la enseñanza pública, afirmar que nuestros políticos no se interesan por ella puede parecer excesivo. Pero una cosa son las declaraciones públicas de un político y otra los hechos de su política. Y la política -en contra de lo que pretenden que creamos- no son palabras, sino hechos.
Font de Mora ha criticado repetidas veces la ley de Educación aprobada por el Gobierno socialista. Sin duda, el consejero debe tener buenos motivos para hacerlo. Incluso es posible que yo esté de acuerdo con algunas de esas críticas, ya que tampoco acaba de convencerme la nueva ley. Pero Font de Mora convendrá en que, para aplicar esa ley o cualquier otra, lo primero es disponer de colegios en debidas condiciones, porque sin ellos no hay enseñanza de calidad posible. Y construirlos es su responsabilidad. A la vista de lo que está sucediendo, uno diría que el consejero exige a los demás lo que no se aplica a sí mismo.
