El Tribunal de la Competencia reabre la pugna legal contra el canon de los CD

Tras más de dos años peleando la batalla sigue. El Servicio de Defensa de la Competencia, que debía estudiar la legalidad del canon sobre soportes digitales, archivó sin más la denuncia que interpusieron el abogado Javier De la Cueva, la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet. De la Cueva recurrió y el Tribunal de Defensa de la Competencia le ha dado la razón, al ordenar que se reabra el asunto y continúe investigando.

De la Cueva prepara sus nuevas arremetidas contra un canon que considera "injusto, insólito y demencial". "El más perjudicado por el canon es quien más información necesita almacenar, y en cualquier país civilizado quien más información guarda es la Administración pública", dice, así que no se entiende que el Estado esté pagando una parte sustanciosa por usar CD y DVD para grabar información que no está protegida por derechos de autor (por tratarse de documentos públicos). Y ahí está el argumento de De la Cueva.

El canon que actualmente pagan los discos digitales (CD, DVD, minidisc) es resultado de un acuerdo al que llegaron en 2003 ASIMELEC, que asocia a empresas de electrónica y comunicaciones, con la SGAE y varias entidades de gestión de derechos de autor más (AIE, de intérpretes, AISGE, DAMA, CEDRO y EGEDA). En los CD vírgenes, que cuestan unos 35 céntimos la unidad, el canon representa el 40% del precio, mientras que en los DVD el canon supone el 60% de los 80 céntimos que se pagan por disco, según datos de ASIMELEC.

La recaudación se reparte entre las entidades de gestión, que a su vez lo distribuyen entre sus socios, cantantes, intérpretes, escritores, etcétera. ASIMELEC calcula que las entidades de gestión recaudaron con el canon unos 70 millones en 2005.

En 2003, De la Cueva denunció el acuerdo ante el Servicio de Defensa de la Competencia, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, encargado de vigilar el buen funcionamiento del mercado.

El argumento: el acuerdo para fijar un canon representa un abuso de posición dominante y una fijación ilegal de precios. La denuncia esgrimía además una cuestión a la que aún no le han dado respuesta: "¿Por qué los juicios, que se graban en CD, deben pagar un canon a las entidades de gestión si no hay ningún bien que sea una obra protegida?", pregunta el abogado.

Desde el año 2000 las actas de los juicios civiles y mercantiles se graban por ley en discos compactos. Cada abogado que solicite una copia está pagando un canon. "La SGAE se lleva de cada disco que me graban con las actas su parte", dice, cuando el canon tiene como función compensar por copias domésticas que se hacen de obras como películas o música.

"Lo que subyace bajo el canon es un sistema corrupto desde el punto de vista legislativo", critica De la Cueva. Desde el vicepresidente del Gobierno presentando los presupuestos en CD, hasta los policías grabando imágenes de sus cámaras en DVD, todos esos discos pagan canon a las entidades de gestión".

De la Cueva, una vez reabierto el procedimiento, solicitará a través del Servicio de Defensa de la Competencia que la Administración pública informe de cuánto le cuesta el canon. De momento, tras más de dos años siguiendo el proceso legal tortuoso "estamos en 2003, otra vez al principio".

La nueva ley de propiedad intelectual, que se tramita en el Congreso, introducirá modificaciones que afectarán al canon. Tras justificarlo porque España permite la copia privada, el canon deberá ajustar su cuantía en función de varios criterios como capacidad de almacenamiento del aparato o implantación de los sistemas anticopia. Éstos, sin embargo, deberán permitir siempre la realización de un mínimo de tres copias privadas.

En Alemania, la ley grava incluso los discos duros, una idea que en España han propuesto diferentes entidades de gestión. Las alternativas que diferentes grupos proponen al canon pasan por la supresión del mismo a cambio de la implantación de los sistemas anticopia que, en caso de ser plenamente efectivos, supondrían la imposibilidad de obtener copia privada.