Una cláusula sin ataduras jurídicas

Socialistas e Izquierda Unida presentaron ayer el pacto para incluir en la reforma del Estatuto una disposición adicional que garantice que la inversión del Estado en Andalucía se hará conforme al peso de su población, además de otras medidas sobre los principios de financiación. Ésta es la forma de contrarrestar el acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas sobre otra disposición adicional en el Estatuto catalán, que establece que la inversión en esta comunidad en los próximos siete años será en función del PIB catalán. Llegados a este punto, surgen varios interrogantes: ¿Puede un Estatuto obligar al Gobierno a invertir según esos modelos? ¿Qué garantías hay de que se cumplan?

Los portavoces parlamentarios de los grupos protagonistas del acuerdo reconocen que todo dependerá de la voluntad política de los gobiernos de turno, aunque sostienen que una ley aprobada por las Cortes Generales -y el Estatuto reformado de Andalucía lo será- es siempre de obligado cumplimiento, al margen de si aplica o no después. Los juristas, sin embargo, dicen que una ley nunca puede decir lo que tiene que hacer la siguiente (en referencia a la ley de presupuestos) y que mientras que el efecto político es muy fuerte su efecto jurídico es "inocuo".

El socialista Manuel Gracia hace una distintición previa para que se entienda bien de lo que se está hablando. La medidas que se incorporarán al texto de la ponencia no condicionan el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que se refiere a la participación de los tributos estatales, el fondo de suficiencia y el fondo de nivelación. Todo eso se negociará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el concurso de todas las comunidades. La disposición introducida en el Estatuto y las otras modificaciones, sin embargo, afectan al fondo de compensación interterritorial, a los fondos estructurales y a la inversión del Estado.

"¿Qué poder tiene que se recojan en el Estatuto andaluz?", se pregunta Gracia, "pues el mismo que lo que recoge el Estatuto catalán". A su juicio, en teoría los gobiernos están obligados a cumplir las leyes, si bien admite que en la práctica hay muchas formas de dilatar o sortear su aplicación. "Está claro que depende de la voluntad política, pero no que hay que olvidar que tendrá el respaldo de las Cortes Generales, y en cualquier caso, no se trata de un mero acuerdo político, sino de disposiciones del Estatuto", señala.

La portavoz de IU, Concha Caballero, viene a decir lo mismo: en principio las leyes deben cumplirse, pero no existen fórmulas exactas y cada gobierno tiene libertad para interpretar y actuar. La izquierdista incide también en el valor de la aprobación del Congreso de los Diputados: "A la gente se le olvida que los estatutos los respaldan la representación popular de España; otra cosa es la voluntad política y las contradicciones que se puedan dar". Al igual que Gracia, destaca que el acuerdo "no es una mera declaración política, sino parte del Estatuto".

El jurista Joaquín Urías es tajante: "Su efecto es político, pero no jurídico, es decir, son pactos políticos que se meten en los estatutos para que el Congreso ratifique el pacto político, pero su eficacia jurídica es cero". Urías recuerda el principio de que una ley no puede determinar lo que tiene que decir las siguientes leyes, que es lo que pasaría si los estatutos dictarán al legislador de qué forma ha de hacer sus leyes de presupuestos en los ejercicios próximos. "La vinculación jurídica es impensable, no se puede amarrar la voluntad de las Cortes para decir que tienen que hacer los presupuestos de esta forma o la otra", afirma.

Urías recuerda que este tema es tan "jurídicamente inocuo" como reflejar que el Gobierno tiene que delegar un paquete de competencias a través del artículo 150.2 de la Constitución: "Por mucho que se diga en el Estatuto que las Cortes tienen que ceder los aeropuertos, lo hará o no".