Desacuerdo en el Poder Judicial para elegir a siete magistrados del Tribunal Supremo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá hoy sobre el nombramiento de siete magistrados para cubrir otras tantas plazas que están vacantes desde hace meses en el Tribunal Supremo. La mayoría conservadora de los vocales ha propuesto a los progresistas designar a sus titulares en el pleno de esta mañana, pero éstos piden más tiempo para negociar. Quieren que la decisión se tome en el próximo pleno, que se celebrará dentro de dos semanas, por lo que previsiblemente hoy no habrá acuerdo.
De las siete plazas a cubrir, cinco corresponden a la Sala de lo Social del Supremo, una a la de lo Contencioso-Administrativo y otra a la de lo Militar. El ofrecimiento de los vocales conservadores consiste en ceder la propuesta de tres de los magistrados de lo Social a los progresistas y quedarse con el resto. Los únicos nombres que por el momento están sobre la mesa son los de la Sala de lo Contencioso, donde la mayoría quiere colocar al abogado del Estado Manuel Martín Timón. La minoría progresista prefiere en cambio al catedrático de Derecho Constitucional y también abogado del Estado Luis María Díez-Picazo.
La elección de los siete magistrados requiere apoyos entre estos últimos vocales después de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estableció la mayoría necesaria para los nombramientos en tres quintos del Consejo (13 votos), pero los progresistas no entienden las prisas del sector mayoritario. Aseguran que si los nombramientos han podido esperar nueve meses, no pasa nada por que se retrasen unos días más.
La intención de los minoritarios es empezar a negociar tras el pleno de hoy para intentar llegar a un acuerdo antes del siguiente.
Interferencias
"Nos encontramos en pleno enfrentamiento por el informe sobre el nuevo Estatuto de Cataluña preparado por el sector mayoritario", explicó el vocal progresista Luis Aguiar. "Los nombramientos pueden esperar al menos otros 15 días", añadió. Ese documento, que protagoniza el orden del día del pleno de hoy, no lo solicitó el Congreso ni el Senado y encuentra 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatuto.
El Congreso aprobó en diciembre pasado tres resoluciones en las que solicitaba al Consejo General del Poder Judicial que evitara interferir en la labor legislativa y se limitara a dar su opinión sobre asuntos para los que su informe es preceptivo. Los conservadores respondieron con un escrito del vocal Adolfo Prego en el que se insta al Congreso a presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional en caso de que considere que el Consejo se extralimita en sus competencias. Ese documento también se estudiará hoy.
