El sumario del Carmel ocupa ya 27.000 folios

Un total de 25.701 folios ocupa ya la prueba documental de las diligencias previas 360/05, abiertas por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona a raíz del hundimiento del túnel del Carmel por la construcción de la línea 5 del metro, el 27 de enero de 2005. Como la ciencia avanza que es una barbaridad, esos 25.701 folios se han escaneado y unido al sumario en soporte informático después de clasificarlos en 21 cajas.

A esa abundancia de papel han de añadirse otros 1.379 folios de actuaciones judiciales. Es decir, recursos contra acuerdos que ha ido adoptando en este tiempo la magistrada Elisabet Castelló. Probablemente uno de los más importantes fue la denegación de la Generalitat como perjudicada en el caso y su declaración de responsable civil subsidiaria, al igual que la empresa pública GISA; la unión temporal de empresas formada por las constructoras FCC Construcción, Copisa y Comsa, y las sociedades TEC 4 y Geocontrol, responsables de la dirección de la obra.

Todavía no hay ningún imputado en el caso, aunque es muy probable que lo haya "en breve", cuando entreguen su informe sobre las causas del siniestro los dos peritos designados el pasado 15 de marzo: uno de la Universidad Politécnica de Cataluña y otro de la de Madrid. Los peritos presentaron su plan de investigación el 27 de mayo y dijeron entonces que tardarían unos nueve meses en concluir su estudio. Es decir, se prevé que esté listo dentro de poco más de un mes.

Hasta ahora, una empresa especializada en cimentaciones ha realizado siete sondeos y se han extraído muestras que se están analizando todavía. Del mismo modo, los dos peritos judiciales han efectuado cuatro sondeos para obtener muestras que también están siendo analizadas por el Ministerio de Fomento y por dos laboratorios especializados.Cuando ocurrió el derrumbe del Carmel se elaboró una lista de 1.272 perjudicados. A 212 de estas personas mayores de edad el juzgado les hizo lo que se llama ofrecimiento de acciones para que pudieran reclamar. Al mismo tiempo se abrieron 155 de lo que se denomina piezas separadas, es decir, carpetillas dentro de la carpeta general del caso. En concreto se abrió una pieza separada por cada una de las viviendas o de los locales afectados cuyos ocupantes (uno o varios) fuesen titulares perjudicados y comparecieran inicialmente para reclamar.

Lo que finalmente sucedió fue que sólo 25 personas acabaron acudiendo al juzgado para reclamar, por lo que se supone que el resto han aceptado las indemnizaciones que ofrecían el Ayuntamiento de Barcelona y las aseguradoras, y han renunciado a ejercer acciones civiles y penales. Y al final, de esos 25 únicos perjudicados sólo han quedado 21. De forma que, en definitiva, las partes personadas en el proceso son 12: seis acusaciones particulares que defienden a los ciudadanos que se resisten al pacto; el fiscal; el Ayuntamiento de Barcelona, que figura como perjudicado; la Generalitat, y las empresas afectadas de una u otra forma.

Cuando se produjo el hundimiento total del edificio situado en los números 2 y 4 de la calle de la Conca de Tremp, la juez Elisabet Castelló archivó el caso el mismo día porque no apreció delito. El 14 de febrero unos particulares presentaron una querella por daños y estragos por imprudencia, y al cabo de tres días el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, solicitó a la juez que investigase el caso, como finalmente está haciendo.