San Miguel aprueba por sexta vez un plan con el rechazo vecinal

El municipio de San Miguel de Salinas (5 kilómetros cuadrados de término y 7.000 habitantes) se ha erigido en uno de los paradigmas de la evolución del modelo urbanístico en la comarca de la Vega Baja, que, una vez colonizado el litoral, avanza hacia las zonas agrícolas del prelitoral. El Ayuntamiento de la localidad, en manos del PP con el apoyo de los independientes, ha dado el visto bueno hasta en seis ocasiones a un Plan de Actuación Integrada (PAI), en las inmediaciones del casco urbano, pese a la oposición de los vecinos. Estos consideran que el proyecto invade suelo de dominio público. Y, junto a esta polémica iniciativa, el equipo de gobierno local ha impulsado la renovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que prevé la recalificación como suelo urbano de 3 kilómetros cuadrados del término, en la actualidad terreno agrícola o forestal. El documento está pendiente del estudio de impacto ambiental para su autorización por parte de la Consejería de Territorio y Vivienda.

La oposición a ambas iniciativas urbanísticas se ha organizado en torno a la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, que cuenta con unos 400 afiliados. En cuanto al PAI, proyectado en el sector SUS-A, Los Invernaderos, el presidente de la entidad vecinal, Manuel Gómez, sostiene que el equipo de gobierno ha ocultado al pleno un "informe emitido por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que reconoce la existencia de cauce público en el ámbito del Plan Parcial". El representante vecinal opina que el documento de la CHS supone la exclusión del terreno afectado por el dominio público del suelo y, por tanto, la reducción del número de viviendas a construir, 1.690 nuevas casas, según el proyecto originario del PAI. El plan ocupa unos 400.00 metros cuadrados de los cuales un tercio aproximadamente son de dominio público, según la CHS.

Aguas residuales

Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento hizo caso omiso a la CHS y sacó a exposición pública el proyecto de reparcelación del PAI, "lo que de hecho supone el inicio del desarrollo del sector en una situación de presunta ilegalidad". Además, la entidad vecinal acusa al Ayuntamiento de autorizar el PAI sin acreditar la dotación de agua ni la autorización del vertido de aguas residuales, que también debe otorgar el organismo de cuenca

En cuanto a la recalificación de suelo prevista en la revisión del PGOU, tanto los vecinos como otros entidades de la comarca, entre ellas la Coordinadora La Vega Baja no se vende, rechazan la propuesta del Ayuntamiento por el negativo impacto derivado del crecimiento poblacional, que igualaría, en términos de habitantes, la localidad de San Miguel de Salinas con la vecina Torrevieja.