Un constructor cercano a Medina opta a la contrata de basuras de Orihuela pese a carecer de experiencia
El constructor de Orihuela Domingo Alcocer, que ha obtenido diversas y polémicas adjudicaciones del alcalde de esa ciudad, el popular José Manuel Medina, se ha aliado con el Grupo Cotino, de la familia del consejero de Agricultura, Juan Cotino, para optar a la contrata de recogida de basuras y limpieza del extenso y disperso municipio de Orihuela. Doalco, la empresa de Alcocer, está especializada en la rehabilitación de edificios históricos.
El lunes próximo se abrirán las plicas del concurso al que también optan las empresas ACS; Sacyr, a través de su filial Sufy, Ingeniería Urbana (Grupo Ortiz e Hijos) y Consull, mercantil del empresario afín al PP Ángel Fenoll que en la actualidad presta el servicio sólo en la zona costera del municipio.
Fuentes del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante han cuestionado algunos criterios de elaboración del pliego de condiciones de la contrata. El hecho de que la experiencia en el sector sólo se valore con tres puntos ha levantado las "sospechas" en ese grupo político.
El contrato, por 25 años, está enfrentando a los dos sectores del PP oriolano. La presidenta del PP local, la diputada Mónica Lorente, que tiene mayoría en el grupo de gobierno, mantiene muy buenas relaciones con Fenoll, empresario enemistado con el alcalde Medina.
Hasta ahora, el servicio de recogida de basuras de Orihuela lo realizan dos empresas: la firma Necso en el área del casco urbano (la mercantil se hizo con la contrata en 1989); y una empresa del industrial Fenoll, en la costa. Fenoll, empresario también ligado al PP, explota el servicio, sin mediar adjudicación formal, también desde 1989.
El alcalde justifica la nueva contrata de basuras en la "necesidad" de unificar el servicio tanto en la costa como en el casco urbano. La mercantil Necso y el empresario Fenoll entienden que el alcalde Medina pretende adjudicar el servicio a otro grupo y han presentado alegaciones. Igualmente, Necso y Fenoll reclaman a la corporación más de seis millones de euros en concepto de indemnización por impagos de servicios prestados.
