Dos millones de personas se beneficiarán de la nueva Ley de Servicios Sociales

Más de 2.000 millones de euros deberá invertir la Generalitat hasta el año 2015 en la ampliación de los servicios sociales para que dejen de estar limitados a las personas en situación de extrema necesidad y sean accesibles a todo el mundo que los precise. Este es el objetivo de la Ley de Servicios Sociales, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno catalán el pasado martes. El Departamento de Bienestar y Familia calcula que dentro de ocho años, cuando se haya completado el despliegue de la ley, cerca de dos millones de personas gozarán de unos servicios que en la actualidad sólo benefician a 850.000 usuarios.

La consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, presentó ayer las cifras de la futura Ley de Servicios Sociales, que se complementará con la estatal Ley de Dependencia. Simó recordó que ambas normativas son compatibles y destacó que la impulsada por el Gobierno catalán "es más amplia", ya que no sólo se refiere a la dependencia, sino al conjunto de servicios sociales, incluidos los de atención a la infancia y la adolescencia y los destinados a personas con riesgo de exclusión social. Ambas normativas seguirán un trámite parlamentario paralelo y, según las previsiones, entrarán en vigor el mismo día, el 1 de enero de 2007.

La normativa es la primera del Estado que se acompaña de una cartera de prestaciones, que se ampliará todos los años

El número de usuarios de la atención domiciliaria se triplicará en los tres primeros años de aplicación de la ley

Ampliar las prestaciones para hacer de ellas un derecho universal requerirá invertir 2.000 millones de euros en 8 años

Anna Simó destacó ayer que la ley catalana de Servicios Sociales, en la que el Departamento de Bienestar ha trabajado en los dos últimos años, será la primera de España que se acompañe de una cartera de prestaciones a las que todo ciudadano tendrá derecho. La acción de la norma será limitada en el primer año de su despliegue, aunque la ley se irá revisando y ampliando en cada ejercicio. El objetivo, señaló la consejera, es hacer de las prestaciones sociales un derecho universal, como ya lo es desde hace mucho tiempo la sanidad o la educación.

- ¿Cómo se accederá a los servicios sociales? Para acceder a un servicio social, el usuario deberá ser sometido a un diagnóstico por parte de profesionales especializados del Departamento de Bienestar. Éstos determinarán las necesidades del solicitante y le asesorarán sobre los servicios a los que tiene derecho. "Es como si le hicieran un traje a medida", ilustró la consejera. El usuario podrá elegir qué prestaciones de las ofertadas prefiere. Para agilizar estos trámites, la Generalitat ampliará los equipos de evaluación hasta llegar a los 356 profesionales dentro de ocho años.

- Cartera de prestaciones. En los dos primeros años de despliegue de la ley, entre 2007 y 2008, cinco prestaciones serán consideradas un derecho universal, de manera que el usuario que las necesite y no pueda acceder a ellas podrá denunciar a la Generalitat. Se trata del servicio de atención y diagnóstico por parte de los equipos especializados, la teleasistencia domiciliaria, la atención precoz a los menores con riesgo de discapacidad, la atención diurna a las personas discapacitadas en centros de día o centros ocupacionales y la atención a los menores en situación de riesgo social. Esta primera cartera de servicios se revisará todos los años para ampliarla y reflejar las nuevas prestaciones en los Presupuestos de la Generalitat.

- Atención domicliaria. Se trata de uno de los puntales de la ley, que recoge el sentir de la mayoría de ancianos, que prefieren envejecer en casa antes que en una residencia. En sólo tres años, se triplicará el número de personas dependientes atendidas en su domicilio (de las 31.000 personas actuales se pasará a 93.000) y se duplicará el número de horas que los profesionales destinarán a este servicio. La atención domiciliaria es competencia de los ayuntamientos y consejos comarcales, a los que el Departamento de Bienestar transfiere un tercio del coste de este servicio. Con la nueva ley, la aportación de la Generalitat a la Administración local se ampliará hasta el 60% de lo que ésta invierte para prestar la atención domiciliaria.

Una de las figuras novedosas que incorpora la nueva ley es la del asistente personal. Se trata de un cuidador que el propio usuario contratará (con financiación pública) para que le ayude en las tareas cotidianas que no puede realizar debido a su elevado grado de discapacidad o a su estado físico deteriorado por la edad. Se trata de una figura a la que podrá acogerse un familiar de la persona dependiente, que en la práctica ya le presta ayuda. Para ello deberán darse de alta en la Seguridad Social y seguir un cursillo que les acredite como cuidadores familiares. Lo mismo deberán hacer aquellas personas, muchas de ellas inmigrantes, que ejercen este trabajo sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, lo cual contribuirá a que aflore un sector sumido en gran medida en la economía sumergida. El departamento que dirige Anna Simó calcula que cuando finalice la implantación de la ley, unas 7.000 personas ejercerán de cuidadores personales con una dedicación de 20 horas semanales.

- Copago. Como ocurre en la actualidad, la mayoría de los servicios exigirán una aportación económica del usuario, que no superará el 30% del coste de la prestación. El gran cambio es que para determinar en qué medida debe colaborar económicamente el beneficiario, la Generalitat no tendrá en cuenta la renta familiar, como ocurre ahora, sino únicamente la del propio usuario. "La familia no pagará para que un allegado reciba atención", señaló la consejera. Algunas de las prestaciones para las que no se exigirá el copago del usuario son las destinadas a la atención a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, la teleasistencia o la atención precoz a menores con riesgo de discapacidad.

- Plazas residenciales. Un año después de la implantación de la ley, el número de plazas residenciales para personas mayores habrá aumentado el 17% respecto a 2005, con un total de 27.055 plazas públicas. El aumento será mayor, del 80%, para las plazas residenciales para discapacitados (que llegarán a ser 5.371).

La creación de nuevas plazas residenciales públicas ha sido criticada por la Federación Catalana de Atención a la Dependencia, que agrupa a los centros privados concertados, con una oferta global de 50.000 plazas residenciales. La entidad considera erróneo que la Generalitat se gaste dinero en crear nuevos equipamientos públicos cuando el sector privado tiene plazas libres que podrían concertarse mañana mismo, señalan.

- Impacto sobre la economía. Los cálculos realizados por el Departamento de Bienestar y Familia en relación con el impacto de la nueva ley sobre la economía productiva catalana son ambiciosos: en 2015 se habrán creado 53.000 nuevos puestos de trabajo: 2.769 técnicos superiores (psicólogos, pedagogos, sociólogos, entre otros), 9.173 técnicos de grado medio (trabajadores y educadores sociales, enfermeros...), y otros 40.961 auxiliares (trabajadores familiares, asistentes personales o auxiliares geriátricos).