Tres edificios y una casa serán derribados tras la explosión de gas en Santa Coloma

Las especulaciones sobre qué edificios deberán ser derribados tras la explosión de gas que el jueves afectó al barrio del Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, se disiparon ayer. Serán cuatro: los números 64, 66 y 68 de la Rambla del Fondo y la casa del número 6 del pasaje de Sant Lluís, según confirmó ayer el alcalde de la localidad, Bartomeu Muñoz. Los preparativos de la demolición se iniciaron por la mañana sobre el inmueble más dañado, el número 66, y durarán 15 días. Mientras, los 46 vecinos y comerciantes afectados se reunieron con el Ayuntamiento para empezar a pactar las indemnizaciones.

"Es mejor así; si no lo derriban, volveríamos a casa con el miedo de tener algún día un susto". Ángel Moratilla, vecino del número 64 de la Rambla del Fondo, expresaba así su alivio al conocer lo que ya estaba en boca de todos el día anterior: que el inmueble tendría que ser demolido. El paso de las horas ha ensanchado las grietas que se extienden por el techo y a lo largo de una de las paredes maestras. Además, "el forjado que sostiene la estructura ha cedido", explicó por la mañana un técnico municipal.

El bloque 68 está aún en peores condiciones. "Se ha desplazado hacia atrás y ha empezado a rotar", comentó el mismo técnico. El accidente ha acabado afectando a una pequeña casa adosada, en el pasaje de Sant Lluís, en la esquina con la Rambla del Fondo. Hasta hace cuatro días residía en ella Alfonso Carrillo. Este vecino explicó que el día de la deflagración, buena parte de los escombros cayeron sobre su patio interior. Incluso un frigorífico, que fue a parar al tejado.

Conociendo ya el fatal destino de los cuatro inmuebles, los trabajadores de la empresa Caballer, contratada por el Ayuntamiento de Santa Coloma, prepararon el terreno para una demolición que se prevé larga. Ayer colocaron los andamios y una valla metálica de contención. "El sistema de derribo será muy cuidado y controlado", explicó un operario de esta empresa. Por motivos de seguridad, los vecinos del bloque número 70 han sido conminados a desalojar sus casas mientras duren los derribos.

Los técnicos se han propuesto salvaguardar fotografías, joyas y otros objetos de valor sentimental. De hecho, el Ayuntamiento habilitará un espacio en el municipio donde se vertirán los escombros para que los vecinos puedan buscar sus pertenencias. Una situación que ya vivieron, hace casi un año, quienes perdieron su vivienda en el barrio del Carmel de Barcelona.

Los más interesados en encontrar algo de lo que era suyo son los vecinos del número 66. La deflagración que el pasado jueves acabó con la vida de dos personas -una joven del entresuelo y un operario de Gas Natural-, dejó seriamente dañada la estructura del edificio. Hasta el punto de que los Bomberos de la Generalitat no les han permitido acceder a su domicilio. Pedro Fernández, el vecino del ático que salvó a su familia de las llamas saltando por el balcón al edificio contiguo, se paseaba ayer por la Rambla del Fondo y observaba la enorme grúa. "No tengo ni carné de identidad, soy un indocumentado", bromeaba.

Pedro, que ya ha podido desprenderse del molesto collarín, aseguró que a partir de hoy podrá poner en regla sus papeles. Igual que el resto de afectados, también hoy debería saber algo más sobre el piso de alquiler en el que él y su familia serán realojados de forma provisional. "Nos dijeron que a finales de mes ya tendríamos las llaves de un piso para entrar a vivir", dijo. Su hijo de cuatro años, que le pregunta constantemente sobre el paradero de sus muñecos de la película Toy Story, estudia en un colegio del barrio del Fondo. Así que Pedro no está dispuesto a abandonar Santa Coloma de Gramenet. "No quiero que mi hijo pierda el contacto con sus amigos", dijo.Al mediodía, mientras los trabajadores instalaban los andamios en la Rambla del Fondo, los afectados se dirigían al centro cívico de la calle de Wagner. Allí, vecinos y comerciantes mantuvieron una primera reunión con sus abogados para diseñar los pasos que seguir. A la cita también asistieron representantes del Ayuntamiento de Santa Coloma. Media hora después se presentó el alcalde de la localidad, Bartomeu Muñoz.

Al término del encuentro, tanto el edil como los afectados coincidieron en señalar que "la prioridad" es el realojo de los vecinos, que están pasando las noches en hoteles y en casas de familiares. El Gobierno catalán ha puesto a disposición de los afectados 40 pisos de alquiler provisionales en Barcelona y en los cercanos municipios de Badalona y Montcada i Reixac. Los que, como Pedro Fernández, prefieran quedarse en Santa Coloma, podrán arrendar un piso y, para pagarlo, contarán con el aval de la Generalitat. Muñoz no especificó cuándo podría producirse el realojo y se limitó a indicar que sería "lo antes posible".

Tal celeridad es la que reclaman los afectados a la hora de dirimir las responsabilidades del accidente. Los vecinos explicaron que en la reunión no se llegaron a acuerdos concretos porque, antes de fijar la cuantía de las indemnizaciones, las compañías de seguros deben saber a quién dirigirse. Y esto no se sabrá hasta que los informes técnicos determinen las causas del accidente. Las empresas suministradoras del gas y el agua, Gas Natural y Aguas de Barcelona, se han echado mutuamente las culpas de lo ocurrido.

"Las aseguradoras necesitan un culpable para echarse encima de él, y nosotros tenemos que seguir pagando la hipoteca", se quejó un vecino. La concejal de Servicios Territoriales, Carme Moraira, aseguró que los servicios jurídicos del consistorio "lucharán todo lo que sea necesario" para aclarar los hechos.

Un nuevo local

Los propietarios de los cuatro comercios que no podrán continuar con su negocio -un bar, una cervecería, una panadería y una tienda de todo a cien- reclamaron ayer al Ayuntamiento que les facilite un nuevo local en la ciudad. Moraira dijo que el consistorio, a través de la sociedad municipal Grameimpuls, trabaja en esta dirección, aunque no se comprometió a garantizar esta solución para todos.

Sergio Sánchez y Carmen Llamas son propietarios de la tienda de gangas, en el número 68. Reclaman que alguien les pague lo que han dejado de ingresar. Pero, sobre todo, quieren volver a trabajar. Sánchez fue tajante: "Nos han dicho buenas palabras, y ahora tienen que convertirse en hechos".