¿Tolerancia cero con la especulación?

Cuando oigo al señor Chaves hablar sobre la tolerancia cero de su Gobierno con la especulación urbanística, me entran ganas de partirme de risa, si no fuera por el desastre paisajístico-medioambiental que han generado las más de 100.000 viviendas ilegales existentes en Andalucía, a las que no pueden acceder la gran mayoría de los andaluces, reservadas para los ricos de Europa o que quedan vacías con un fin especulativo.

Este desastre urbanístico, consecuencia de las inversiones del crimen organizado en ladrillo y de la corrupción de los ayuntamientos de cualquier signo político, no hubiera sido posible si realmente la Junta de Andalucía hubiera aplicado esa tolerancia cero de la que ahora parecen ser garantes (sin olvidarnos de los jueces, por supuesto).

En el caso de Marbella, la tolerancia cero parece que ha tenido que esperar 15 años de corruptelas y tropelías urbanísticas para retirarles las competencias al Ayuntamiento. Y eso que el caso GIL les ha servido a los políticos normales como chivo expiatorio de unas prácticas muy habituales dentro de sus filas.

Ése es el caso, por ejemplo, de la Axarquía, donde el GIL nunca ha tenido representación y en la mayoría de los ayuntamientos gobierna el PSOE. Aquí es una práctica muy usual intercambiarse puestos de constructor y político; hay en la actualidad más de 10.000 viviendas ilegales, responsabilidad de los alcaldes por acción u omisión.

Hace algún tiempo la Junta de Andalucía intentó ordenar este desastre urbanístico por medio del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Axarquía. Los alcaldes del PSOE, PP, PA e Izquierda Unida formaron una piña con los constructores para oponerse al plan que, entre otras cosas, supone una amnistía de todas las ilegalidades cometidas hasta ahora, pero eso no era suficiente para ellos, pues aunque el POT acepta prácticamente todas sus aspiraciones urbanísticas, limita la construcción en zonas rústicas, pero los alcaldes y promotores inmobiliarios no aceptan ninguna traba.

Se comenta que la Junta ha cedido a las presiones de alcaldes y constructores, y ha aceptado prácticamente todas sus alegaciones. Otro caso de tolerancia cero.