Batasuna, el BEC y la ley
Entrevistado acerca de la ola de violencia y vandalismo que ha invadido la periferia de las grandes ciudades de Francia, el filósofo francés Michel Maffesoli declaraba recientemente que "no sirve de nada evacuar completamente la violencia, sino que, al contrario, hay que encontrar los medios para 'homeopatizarla". En opinión del autor de El tiempo de las tribus (1988), la sociedad francesa ha perdido la capacidad de ritualizar y canalizar la violencia; así, la oleada actual sería la expresión del fracaso del proyecto moderno de crear sociedades "asépticas", limpias de violencia y fealdad, mediante la aplicación de la ley y de los llamados valores republicanos.
El análisis de Maffesoli, más antropológico que jurídico, resulta sin duda revelador y sugerente al poner de relieve la relación equívoca entre el contenido de las leyes y la manera en que éstas son interiorizadas por la sociedad. La actitud de la sociedad vasca respecto a ETA y la del Gobierno vasco ante la ilegalización de Batasuna pueden analizarse también desde este punto de vista. En la entrevista, Maffesoli afirmaba que "en toda la cuenca mediterránea existe la tradición de saber ritualizar la violencia". En efecto, la tradición pirotécnica en el Levante español, las carreras nocturnas con el toro de fuego en las fiestas vascas y la utilización del fuego y la sangre por grupos de teatro como La Fura dels Baus y Els Comediants constituyen una destilación de esos mecanismos de ritualización de la violencia.
"Un Gobierno es un Gobierno y su función es aplicar la ley, le guste o no su contenido"
Sin embargo, la otra cara de esta tradición la representa una aceptación relativa del imperio de la ley. La reciente entrada en vigor de la ley antitabaco demuestra la actitud desafiante y pícara hacia la ley que encontramos todavía en los universos mediterráneos y latinos en los que España se ubica. Por lo general, los españoles están respetando la ley. Pero fue en el debate previo, en las conversaciones callejeras y en las discusiones en familia, donde las serias dudas, incluso el desafío, hacia la ley de la ministra Salgado dejaban transpirar un poso fuenteovejunesco de resistencia frente a la ley. Si nos acercamos a otros universos culturales, la ciudad de Nueva York por ejemplo, la prohibición de fumar en lugares públicos fue recibida y acatada al son de una de las sentencias preferidas en la sociedad estadounidense: "¡Es la ley!" Allí, la antropología dice que las leyes se cumplen, y los ciudadanos se enorgullecen de aplicarlas y hacerlas aplicar.
Ante la violencia terrorista de ETA, esta tensión entre antropología y derecho ha sido encauzada mediante dos procesos paralelos mutuamente necesarios. Por un lado, la violencia de ETA ha sido homeopatizada, es decir, interiorizada neutralizando el impacto de sus efectos más perversos, por una parte sustancial del cuerpo social vasco mediante una serie de narrativas de exorcismo del terrorismo de ETA. Durante cuatro décadas, éste ha sido explicado como una expresión inevitable del "conflicto vasco", como una fatalidad ajena a la bondad natural de los vascos impuesta por aquellos que se negaban a ir a "la raíz de la cuestión", como algo, finalmente, que nada tenía que ver con el imperio de la ley y el respeto a unas normas mínimas. La violencia de ETA era insertada, explicada, y en realidad absuelta, en un ritual cotidiano según el cual quemar un autobús con pasajeros dentro era una travesura de "los chicos de la gasolina", y la persecución y acoso a políticos, empresarios, periodistas y jueces, una respuesta exagerada y lamentable, aunque comprensible, dadas las veleidades antinacionalistas de los perseguidos.
Al mismo tiempo, la aplicación de la ley era puesta en cuestión cada vez que el Estado de Derecho dejaba caer su peso sobre ETA. No cabe duda de que la justicia española ha cometido errores y excesos, como se encargan de denunciar desde hace años grupos como Gesto por la Paz y Amnistía Internacional (caso Egunkaria, asimilación de toda violencia urbana a actos de terrorismo en la Audiencia Nacional, etcétera). Pero criticar la detención de comandos o despreciar la idea misma de una actuación contundente del Estado de Derecho bajo la etiqueta despectiva de "vía policial", como ha hecho durante años un sector del nacionalismo y del Gobierno vasco, ha agravado la indefensión de las víctimas potenciales de ETA mientras calmaba la conciencia de los espectadores "del conflicto".
Estos dos mecanismos han creado el equilibrio homeopático que explica que la sociedad vasca haya sido capaz de digerir casi mil asesinatos, al mismo tiempo que sus sectores más concienciados vivían permanentemente movilizados contra ETA, y que el nacionalismo vasco haya podido gobernar sin pagar precio político alguno por la persistencia del terrorismo. Ahora, la eficacia del cerco policial y judicial a ETA y la ilegalización de Batasuna han roto este equilibrio. La ilegalización, no ya de la ideología, sino de la infraestructura política de la izquierda abertzale por su identidad operativa con los fines de ETA, obliga al Gobierno vasco a tomar partido.
Todo individuo tiene derecho a oponerse a la ilegalización, pero un Gobierno es un Gobierno y su función es aplicar la ley, le guste o no su contenido. Batasuna es una organización ilegalizada por ser un elemento necesario en la actividad asesina del más grave de los conflictos vascos: ETA. Mientras los ciudadanos sin conexiones con ETA que defienden las tesis políticas de la izquierda abertzale deberían ser capaces de seguir haciéndolo, sería un escándalo que lo hicieran a pleno sol, en el centro de congresos más grande de Euskadi, convocados por una organización ilegal que ha participado en el asesinato de cientos de personas. El próximo día 21, ante la posible celebración de una asamblea de Batasuna en el BEC, el Gobierno Vasco se verá obligado a elegir entre antropología y derecho, o lo que es lo mismo, entre seguir homeopatizando una violencia de ETA que aún no ha desaparecido o combatirla para que desaparezca.
Borja Bergareche es abogado.
