CSI-CSIF denunciará a Orma por evitar tomar medidas contra Ramírez

El sindicato CSI-CSIF, representante de cuatro de los vigilantes que compartían turno de noche con Manuel Ramírez, el guarda que el lunes pasado mató a dos vigilantes en Correos y luego se voló la cabeza, denunciará a Orma Seguridad ante la Inspección de Trabajo. La empresa estaba encargada de la vigilancia de las obras de reforma del edificio y tenía contratado en el turno de noche a 10 trabajadores, incluido el homicida, los dos asesinados y otra vigilante que resultó herida en el tiroteo.

El pasado 16 de diciembre Ramírez ya se presentó en el lugar de trabajo con la misma escopeta que utilizó en el tiroteo. Los vigilantes hicieron entonces un escrito de queja ante sus superiores, pero éstos no pusieron denuncia en comisaría ni retiraron al homicida del servicio.

La denuncia se basa en el decreto 5/2000 de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. El órgano competente es la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. "Existe una amplia regulación para prevenir los riesgos laborales y ver las medidas que debe adoptar el empresario para su cumplimiento. En este caso, hay una clara conducta omisiva por parte de Orma, ya que sus responsables conocían que había un peligro y permanecieron inactivos", señaló Paloma Muro, asesora jurídica de CSI-CSIF. "Este delito figura en el artículo 350 del Código Penal como un delito contra la seguridad colectiva", agregó la abogada. Este periódico ha intentado en reiteradas ocasiones, durante la última semana, recoger sin éxito la versión de Orma.

Además, la Brigada de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía ha abierto un expediente informativo para investigar si la empresa tenía algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.

Por otro lado, el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, señaló ayer que el tiroteo de Correos "no es abordable desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales porque no hay una infracción laboral". "El hecho de que hubiese habido antes amenazas no constituye una infracción laboral. Pero los que conocían las amenazas tenían la obligación de denunciarlo", concluyó Güemes.