Un escándalo de espionaje conmociona la campaña portuguesa

La campaña presidencial portuguesa quedó ayer eclipsada por una noticia que produjo gran escándalo y desató la furia de la clase política. Según publicó el diario 24 horas -un periódico en portugués que se edita en la costa este de EE UU-, los autos del tristemente célebre caso de pederastia masiva conocido como Casa Pia incluyen las listas de unas 80.000 llamadas privadas, realizadas durante la instrucción del proceso, por las más altas personalidades del Estado, desde el presidente de la República y el primer ministro al fiscal general y los presidentes del Parlamento y el Constitucional.

El diario afirmaba que la Fiscalía controló 208 números de teléfonos fijos, muchos de ellos confidenciales y "aparentemente sin orden judicial", entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, cuando investigaba los supuestos abusos cometidos sobre 32 alumnos del colegio de huérfanos de Lisboa Casa Pia.

El listado de números, según 24 horas, que se edita en Nueva Jersey para los emigrantes portugueses, está grabado en varios disquetes guardados bajo el nombre genérico "Envelope 9", y muestra que fueron investigadas las llamadas realizadas pero no las recibidas. El diario se reafirmó anoche en la veracidad de la noticia. Según un investigador, Portugal Telecom sólo pudo entregar esa información confidencial con una orden del juezinstructor, Rui Pereira.

El presidente, Jorge Sampaio, llamó a primera hora a Belém al fiscal general, José Souto Moura, y le ordenó abrir una investigación. Éste lo hizo, tras calificar la revelación como "extremadamente grave". A las 18.30, afirmó que la noticia era falsa. Pero, a las 19.45, Sampaio leyó un comunicado por televisión en el que afirmó que usará sus competencias constitucionales para depurar las responsabilidades derivadas de posibles "violaciones de la vida privada, ya sean escuchas telefónicas ilegales o simples registros de llamadas".

Hasta ese momento, la noticia hizo temblar los cimientos del Estado. "Los números privados de Sampaio, el ex primer ministro António Guterres y Souto Moura son sólo algunos de los registros. Muchos jueces de los tribunales superiores también están", decía la portada de 24 horas.

Después de verse con Souto Moura, el presidente habló con los periodistas para decir que había pedido que el fiscal "desencadenara la investigación necesaria para que esta grave cuestión sea esclarecida". Enseguida, el fiscal anunció la apertura de un "riguroso estudio". Entre los candidatos a las presidenciales, sólo Cavaco Silva se mantuvo prudente, y expresó su "absoluta confianza en el presidente". "Un candidato a la presidencia tiene que ser cuidadoso con sus declaraciones", dijo para justificar su silencio sobre el fiscal general. Sus adversarios tuvieron menos contemplaciones. "Yo ya le hubiera cesado", dijo el poeta Manuel Alegre en referencia a Souto Moura. Francisco Loucã pidió la dimisión inmediata del fiscal.

El comunista Jerónimo de Sousa aprovechó para recordar que, siendo Cavaco primer ministro, también fue espiado. Mário Soares improvisó una rueda de prensa al saber que en las listas aparecían unas 3.000 llamadas hechas desde su número privado, y declaró: "Está en juego la democracia cuando hay ciudadanos, conocidos o no, cuya vida privada es investigada de forma aleatoria. Creía que con el 25 de abril las escuchas habían terminado en Portugal, pero se ve que no".

Mientras el conservador CDS-PP exigía firmemente que la Fiscalía aclarara la noticia ayer mismo, el alcalde Luís Filipe Menezes comparaba los registros con un "golpe de Estado silencioso".

El fiscal jefe trató de calmar los ánimos en vano diciendo que, según el diario, el registro de esas llamadas "incluía sólo números de teléfono y no nombres de personas, y mucho menos el contenido de las llamadas". Poco después, comunicó su comparecencia urgente en el Parlamento, el próximo martes, a petición del PS.

El caso Casa Pia, cuyo juicio se encuentra en la fase del testimonio oral de las víctimas, sentó en el banquillo a nueve personas (entre ellas un médico, un embajador, un conocido presentador de televisión y un político) acusadas unas de lenocinio y otras de abusos sexuales continuados contra alumnos del colegio situado en el barrio de Belém. Cuando se cometieron los supuestos crímenes, en 1999 y 2000, las víctimas tenían entre 12 y 13 años.