La oposición pide más seguridad en la contratación de servicios públicos

Los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Guipúzcoa coincidieron ayer en exigir a la Diputación mayores medidas de seguridad en los contratos de los servicios públicos, después de que un operario muriera atropellado el lunes cuando limpiaba la N-634 en el alto de Itziar. El diputado para las Infraestructuras Viarias, Javier Zuriarrain, responsabilizó del accidente al conductor por un posible exceso de velocidad.

Zuriarrain, del PNV, compareció en Juntas a petición propia y de EB para detallar las circunstancias en que se produjo el siniestro, el primer accidente laboral mortal del año. Según relató, el vehículo bajaba en dirección a Deba cuando su conductor perdió el control, invadió el sentido contrario y arrolló a José Víctor Labayen, de 55 años, quien se encontraba con otro trabajador en el arcén. "El único responsable del accidente fue el conductor", recalcó el diputado, quien apuntó que parece que llevaba "una velocidad inadecuada".

Para reforzar su tesis de que todo fue "un trágico suceso", explicó que los trabajadores, quienes acababan de terminar de limpiar los canalones de la carretera y se dirigían a su furgoneta, vestían prendas de "alta visibilidad". La zona estaba señalizada. El diputado acusó a ELA, sindicato al que estaba afiliado Labayen, de "mentir" cuando habla de precariedad y subcontratación. "El fallecido era un trabajador avezado", que prestaba sus servicios para la Unión Temporal de Empresas Gipuzkoa, adjudicataria por concurso público de la limpieza de varias vías.

Medidas complementarias

Los portavoces de la oposición huyeron de culpar directamente a la Diputación de este siniestro y apelaron a la responsabilidad de los conductores. Ahora bien, exigieron a Zuriarrain que refuerce las medidas de seguridad de los operarios que trabajan en vías abiertas al tráfico y controle su cumplimiento.

El popular Iñigo Manrique apostó por endurecer las exigencias de seguridad en los pliegos de condiciones al sacar a concurso el mantenimiento de las carreteras. El socialista Miguel Buen respaldó la idea y pidió a la Diputación que vele por el cumplimiento de las medidas de seguridad. Elías Maestro, de EB, abogó por abrir expedientes a las contratas si es preciso. Rebeka Ubera, de Aralar, sostuvo que la privatización de los servicios repercute en la seguridad, comentario que criticaron PNV y EA.

El diputado aseguró que su departamento no sólo cumple y exige a las contratas la normativa vigente, sino que ha puesto en marcha medidas complementarias, como dos coordinadores de seguridad y salud que inspeccionan los trabajos. Y se está elaborando un protocolo y una señalización específicos para prevenir accidentes.