El Gobierno catalán proyecta indemnizar a los altos cargos cesantes

El Gobierno catalán está estudiando la posibilidad de indemnizar a los altos cargos de los departamentos de la Generalitat y de las empresas públicas que cesen de su cargo, para paliar así el estricto régimen de incompatibilidades al que se verán sometidos con la nueva legislación que está preparando. Las indemnizaciones formarían parte de un proyecto de ley que regularía las condiciones de las cesantías.

Este proyecto de ley vendrá a complementar otro, el que regula las pensiones de los altos cargos de la Generalitat adscritos al Parlament, como los de la Sindicatura de Cuentas, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, el Consejo Consultivo y el Síndic de Greuges.

El consejero de Gobernación, Joan Carretero, recordó que la nueva ley de incompatibilidades de altos cargos al servicio de la Generalitat prevé la imposibilidad del ejercicio profesional en el ámbito del cargo ocupado en la Administración durante un periodo de dos años a partir del momento en que se abandona éste, por lo que consideró necesario estudiar "compensaciones" para las personas cesantes que no pueden incorporarse con normalidad al mercado laboral.

Así, su departamento está estudiando la posibilidad de establecer indemnizaciones o en su defecto fijar unos criterios que les permitan disponer del "equivalente" al subsidio de desempleo durante un periodo de tiempo regulado.

Evitar la "indigencia"

A juicio de Carretero, esta compensación es "justa", más aún cuando las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat "no son competitivas" respecto al mercado de la empresa privada y se requiere "un componente de compromiso personal".

Se trata, dijo, de "no dejarlos en la indigencia" en el caso de que tengan problemas para incorporarse al mercado laboral y de reducir las dificultades que puedan encontrar en el "tránsito" de alto cargo de la Administración a un nuevo empleo.

Carretero prevé que este proyecto de ley inicie el próximo mes de marzo el proceso previo a su aprobación por el Consell Executiu y se someta a consideración de la Comisión Jurídica Asesora y el Consejo Técnico del Gobierno catalán.

Esta ley complementaría el proyecto de ley sobre asignaciones temporales y pensiones de altos cargos de la Generalitat adscritos al Parlament que el propio Gobierno catalán rectificó a la baja al iniciarse, el mes pasado, su tramitación parlamentaria.

En las enmiendas, el tripartito optó por limitar y equiparar las compensaciones vitalicias a las que tienen derecho estos altos cargos a las del sistema general de pensiones y endurecer las condiciones para acceder a estas asignaciones y pensiones.

El proyecto original incluía pensiones para algunos de estos altos cargos que superaban los 5.000 euros mensuales.