Barberá aprueba las polémicas permutas del edificio de Tabacalera y el estadio del Valencia

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer, sólo con los votos del PP, las dos polémicas operaciones de permuta de terrenos, la que afecta al antiguo edificio de Tabacalera y la que implica al Valencia Club de Fútbol. El equipo de gobierno municipal que preside Rita Barberá aseguró que las dos transacciones son perfectamente legales. Algo que dudan los grupos de la oposición, que, además, consideran que ambas lesionan los intereses patrimoniales del Ayuntamiento, que no gana nada, y de todos los valencianos y benefician a sólo a las empresas implicadas.

Las dos operaciones urbanísticas que ayer recibieron el visto bueno inicial en el pleno del Ayuntamiento de Valencia han sido motivo de ardua polémica en los últimos meses. Pero el PP, con la alcaldesa Rita Barberá a la cabeza, los ha llevado adelante a pesar de que ambos proyectos incluyen sendas permutas de terrenos y edificios que, según los grupos de la oposición, sólo benefician a una de las partes, que no es precisamente el Ayuntamiento, que, según consideran, sale perdiendo, de manera que lesiona los intereses patrimoniales de todos los ciudadanos.

La primera afecta al complejo protegido de la antigua fábrica de tabacos, construido a principios del siglo pasado para la exposición regional y ahora propiedad de Altadis y Guadalmedina -esta última, del grupo Ballester-, que pasará en parte a ser de propiedad municipal. La otra parte, dos naves laterales, será derribada y dará paso a edificios de viviendas que promoverá la citada constructora. A cambio, el Ayuntamiento cede su edificio de la plaza de América -en una de las zonas más señoriales de la ciudad, junto al Jardín del Turia- que será también derribado para construir viviendas.

Los grupos de la oposición consideran que el edificio municipal ha sido valorado muy por debajo de su precio real, algo más de 2.000 euros por metro cuadrado, cuando el vecino inmueble de los juzgados de la avenida de Navarro Reverter acaba de ser enajenado por más de 7.000 euros el metro. El gobierno municipal alega que los casos son diferentes, puesto que el actual edificio municipal tiene que ser derribado. Pero el portavoz socialista, Rafael Rubio, objetó que "es más chollo" que se permita el derribo y construir uno nuevo, lo que incrementará los beneficios de las empresas. "Puestos a hacer negocio, que lo haga el Ayuntamiento", dijo Rubio. El edil socialista se refería a la propuesta que hizo la concejal de Esquerra Unida Mavi González: que el Ayuntamiento compre todo el complejo de Tabacalera, desproteja y derribe las naves, subaste los solares y se quede con el edificio de la plaza de América.

La otra operación polémica es la que implica al Valencia CF, que quiere un nuevo estadio. La ciudad le cede para ello un solar en la avenida de las Cortes Valencianas -que permutará por terrenos aún sin especificar- y permitirá reclasificar el solar que ocupa el actual campo de fútbol de Mestalla. Todo está previsto en un convenio firmado el pasado día 20 por la alcaldesa Barberá y el presidente del Valencia CF, Juan Bautista Soler, que ayer validó el pleno municipal.

Los grupos de la oposición consideran que en este caso la ciudad también sale perdiendo y dudan de la legalidad del convenio, sobre todo porque no se justifica la necesidad -para el Ayuntamiento- de una permuta en la que el interesado es la sociedad anónima deportiva -cuyo consejo de administración está plagado de constructores- mientras que el Consistorio no sabe qué recibirá a cambio.

El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, aseguró que la ciudad saldrá ganando porque dispondrá de un estadio y obtendrá 70.000 metros cuadrados de suelo que podrá destinar a equipamientos en los barrios. La oposición considera que esta operación está destinada a "enjugar las deudas" del club a costa del patrimonio público. En este punto, Rubio insistió: "Puestos a hacer caja, que la haga el Ayuntamiento".

Por otra parte, el pleno aprobó la no menos polémica ordenanza sobre actuaciones en lugares públicos, que, entre otras cuestiones, prevé sanciones a las prostitutas que ejerzan su trabajo en la calle.