Los convenios urbanísticos abren una crisis en el gobierno de Estepona

Un polémico convenio urbanístico de permuta de terrenos con dos sociedades promotoras motivó ayer que el Partido Andalucista (PA) de Estepona votara en contra de la propuesta del gobierno municipal al que pertenece junto al PSOE y el Partido Estepona (PES), formación compuesta por ex concejales del GIL que al finalizar el pleno pidió la dimisión de los tres concejales andalucistas.

El alcalde, Antonio Barrientos, (PSOE) logró sacar adelante el polémico convenio con las empresas Chamartín Sur y Chamartín Monterroso con el apoyo de los cinco concejales del PP y los votos en contra de sus socios del PA. La negativa de los andalucistas a apoyar el acuerdo, que contemplaba la permuta de unos terrenos de propiedad municipal próximos a la costa por otros situados en el polígono industrial para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), provocó una grave crisis en el equipo de gobierno, que siempre ha mantenido unidad de voto en asuntos urbanísticos.

El Ayuntamiento de Estepona celebró ayer el pleno extraordinario desconvocado hace 10 días para aprobar ocho convenios, que reportarán al municipio 24 millones de euros. La sesión había sido convocada por vez primera dos días antes de que entrase en vigor la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, con el fin de evitar la aplicación de la norma que impide a los Ayuntamientos disponer del dinero de los convenios hasta que la Junta no apruebe el planeamiento. Barrientos reconoció ayer que la Ley les "pilló de forma súbita", y explicó que ya han usado parte de los 5 millones de euros obtenidos de dos convenios, aprobados ayer, para gastos corrientes. "Estoy dispuesto a ir a la cárcel para que los trabajadores cobren", apuntó Barrientos.

La sesión plenaria tampoco estuvo ahora exenta de polémica. El portavoz del PA, Rafael Montesinos, pidió que se dejase sobre la mesa el convenio suscrito con la mercantil Chamartín, al estimar que los terrenos municipales permutados se han valorado a un precio "muy inferior al de mercado". Montesinos insistió que su partido apoya la construcción de viviendas sociales, y aseguró que existen otras alternativas, "menos lesivas para los intereses municipales y en mejores condiciones", para obtener suelo destinado a las VPO. "Este convenio es una auténtica aberración", dijo.

No obstante, el punto salió adelante con el apoyo del PP, que curiosamente pocos días antes había criticado duramente el convenio, que llegó incluso a llevar ante Fiscalía meses atrás.

El concejal popular, Ignacio Mena, argumentó que el acuerdo había sido modificado y de ahí su cambio de postura. "Las valoraciones son razonablemente aceptables y el convenio impecable", dijo Mena.