El Gobierno de Zapatero aprobará el viernes la Ley de Capitalidad de Madrid

Tras más de un año de negociaciones a varias bandas, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, una normativa que cede a la capital algunas competencias menores pero que no le otorga ningún sistema especial de financiación. A las rebajas sustanciales que ya había introducido el Gobierno central sobre el proyecto original del Ayuntamiento, la Comunidad ha sumado modificaciones de última hora. El resultado será una ley descafeinada que hoy anunciarán oficialmente el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

La secretaria de Estado de Administración Territorial, Ana Leyva, el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, se reunieron ayer por la tarde durante hora y media para atar los últimos flecos y cerrar el texto definitivo del anteproyecto de ley. El objetivo es que ese texto -que el ministro, la presidenta y el alcalde presentarán hoy en rueda de prensa- sea aprobado por el Consejo de Ministros el viernes y por el Parlamento a principios de 2006.

La Comunidad de Madrid, que en las últimas semanas había mostrado su desconfianza ante las prerrogativas otorgadas al Ayuntamiento en el borrador elaborado por el ministerio, ha conseguido a última hora que el texto incorpore una exigencia suya: el proyecto especifica que la participación del Ayuntamiento en la política de infraestructuras estatales -en organismos como cercanías de Renfe, Confederación Hidrográfica del Tajo o aeropuerto de Barajas, aunque el último borrador no los cita expresamente- se hará "sin menoscabo" de las competencias del Gobierno regional.

Previa a esa intervención del Gobierno de Esperanza Aguirre, el Ministerio de Administraciones Públicas había aplicado ya recortes mucho más severos al borrador elaborado hace un año por el concejal Juan Bravo, eliminando de sus páginas todo lo referente a las aspiraciones económicas del Ayuntamiento. Bravo reclamaba un sistema de financiación especial para compensar los gastos que le produce a Madrid ser la capital del Estado: servicios de limpieza y seguridad en manifestaciones casi diarias, organización del tráfico por la celebración de eventos nacionales e internacionales, atención a miles de ciudadanos que no viven en Madrid pero entran a la ciudad cada día para trabajar, etcétera.

El Ayuntamiento quería aumentar sus ingresos incrementando su participación en los impuestos estatales -IRPF, IVA e impuestos sobre tabaco, alcohol e hidrocarburos (ahora percibe menos del 2% de esa recaudación)-. Era la misma reclamación que hacía Barcelona en su Carta Municipal, pero el ministerio se lo negó a ambas ciudades desde el principio.

Tampoco figuran en el anteproyecto de ley las aspiraciones iniciales del Ayuntamiento para modificar sus propios impuestos municipales. El concejal Bravo había asegurado que, si el Gobierno central se lo permitía, cambiaría el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para convertirlo en progresivo -con tramos distintos en función del valor catastral- y aplicaría descuentos a los propietarios con rentas bajas. El ministerio se ha negado a autorizarlo, alegando que la Ley de Capitalidad "no es una ley financiera".

Incompatibilidades

El proyecto de ley se limita, por tanto, a repetir las prerrogativas que ya concede a Madrid la Ley de Grandes Ciudades desde 2004, con algunas mejoras, y cede al Ayuntamiento algunas competencias nuevas en materia de seguridad vial. El gobierno municipal podrá, por ejemplo, sancionar a los vehículos que conduzcan sin seguro y obligar a todos los coches a llevar un distintivo que acredite que han pagado el seguro y el impuesto de matriculación. Pero la novedad de más peso es la presencia del municipio en organismos estatales como el aeropuerto y cercanías.

El régimen de incompatibilidades de los concejales también se endurece: los ediles madrileños estarán sujetos a la misma ley que fija las incompatibilidades de los diputados y altos cargos del Gobierno central. Deberán, por ejemplo, esperar dos años, después de cesar en el cargo, para poder trabajar en una empresa privada del sector relacionado con su puesto público.

Esto significa que los concejales de Madrid estarán sujetos a un régimen de incompatibilidades más duro que el resto de los Ayuntamientos de España. Eso será así hasta que el Parlamento apruebe la nueva Ley de Bases de Régimen Local, que extenderá esas restricciones a todos los municipios.