Unos padres denuncian a Educación por un supuesto delito de "omisión del deber de socorro"

Los padres de una niña de 9 años de Calp (Marina Baixa) que padece una mielitis transversa idiopática han presentado una denuncia contra la Consejería de Educación por un supuesto delito de omisión del deber de socorro. Además de esta denuncia, registrada en el juzgado número 4 de Dénia, los padres también han acudido al Síndic de Greuges. La niña afectada de mielitis precisa que un fisioterapeuta la atienda en su centro escolar, pero la descoordinación entre diferentes consejerías está impidiendo la solución al problema que padece esta alumna.

Es el primer caso que llega a los tribunales, pero hay más de 100 alumnos desatendidos

"Sólo pedimos algo justo, unos derechos para nuestra hija que le corresponden por ley"

María tenía 9 años, era una chica deportista, sana y vital. Pero su vida se torció un día hace ahora un año. Una mañana se quedó casi muerta durante 45 minutos, sus padres angustiados la trasladaron urgentemente desde Calp, donde residen, al hospital de Dénia. Allí, debatiéndose entre la vida y la muerte, la enviaron, debido a la gravedad de su estado, al Hospital de la Fe en Valencia donde los médicos le diagnosticaron una mielitis transversa idiopática. La niña se encontró tetrapléjica sin poderse mover, se le practicó una traqueotomía para poder respirar y durante 50 días requirió cuidados intensivos. Al final, superó esta situación y pudo salir de este centro hospitalario, y en Instituto de Neurorehabilitación Guttmann de Badalona realizó una rehabilitación que se prolongaría hasta febrero de 2005.

Cuando pasó lo más duró, llegó la hora de volver al colegio público de Calp donde había estudiado. Pero ahora necesitaba una atención especial al presentar una minusvalía del 75%. Sin embargo, han pasado los meses y el fisioterapeuta que necesita María para poder desarrollarse no llega debido a la descoordinación entre las diferentes consejerías de la Generalitat. "Es muy duro, nadie nos da soluciones", lamentan los padres, que recuerdan cómo su hija ha sufrido varias infecciones de orina que se han producido por que nadie la acompañaba al servicio. José Francisco Sánchez del Río y María José Marques, los padres de María, desesperados con esta situación y ante la pasividad de los responsables educativos implicados presentaron el miércoles pasado una denuncia ante el Juzgado número 4 de Dénia por un "supuesto delito de omisión del deber de socorro" y por "vulneración" de derechos constitucionales como la educación o protección de la salud. Los padres responsabilizan de esta situación a la inspectora responsable de los colegios de la zona, al jefe del servicio de inspección educativa de la Consejería en Alicante, al jefe del servicio central de inspección de Valencia y al consejero de Educación, en última instancia. Se trata del primer caso de estas características que llega a los tribunales; sin embargo en la provincia de Alicante, según denunciaron los directores de colegios públicos, hay más de un centenar de alumnos que están desatendidos. Según explica la Permanente de directores de Alicante cuando se escolariza un alumno que necesita un servicio especial son los psicopedagogos del centro o la dirección la que comunica esta situación a la Inspección Educativa. Sin embargo, la contratación de los educadores, monitores, enfermeros o fisioterapeutas, al no ser personal docente, depende de Administración Pública, previa autorización de Hacienda. La cuestión es que el complejo proceso administrativo priva a estos alumnos de un servicio vital para ellos. No obstante, según Administración Pública, desde hace unos meses, la Consejería de Educación puede en algunos casos contratar directamente al personal necesario.

Los padres presentaron una denuncia en el juzgado y también acudieron al Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal. "Sólo pedimos algo justo, unos derechos para nuestra hija que le corresponden por ley". Los padres también han sufrido las consecuencias de esta situación, ya que han estado varios meses sin poder trabajar para atender a su hija y se han visto obligados a cambiar de casa, "ya que antes vivíamos en una vivienda con escaleras y ahora nos hemos tenido que hipotecar y cambiar de residencia", explica José Francisco Sánchez, quien espera que termine pronto esta pesadilla administrativa, y rehacer su vida. "Lo más fuerte de todo es que un caso así le puede pasar a cualquiera, fue de la noche a la mañana, y de repente tienes que cambiar toda tu vida", recuerda la madre.