Pizarro: "El Consejo de Ministros no es el que decide si Andalucía va a tener más competencias"

El PSOE está abierto a incorporar en la proposición de ley del Estatuto algunas de las competencias exclusivas del Estado que reclaman IU y PA mediante el artículo 150.2 de la Constitución, según aseguró ayer el secretario socialista de Organización, Luis Pizarro. El PSOE reclama hasta cinco materias por este método, entre ellas la de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, rechazada por la ministra de Medio Ambiente. "El Consejo de Ministros no es el que decide si Andalucía va a tener más competencias o no, sino el Congreso de los Diputados", afirmó el número dos socialista.

El PSOE va a hacer todo lo posible por sacar adelante con IU y PA el título sobre las competencias de la comunidad en la ponencia de reforma del Estatuto. Y para lograrlo mostrará "la flexibilidad suficiente" para acordar un Estatuto "de máximos" que quieren "los partidos de izquierda", aseguró Pizarro.

El secretario de Organización socialista se mostró dispuesto a incorporar nuevas competencias mediante el artículo 150.2 de la Constitución que permite delegar o transferir a las comunidades autónomas materias exclusivas del Estado.

En total, los tres partidos reclaman 16 materias. Las cinco en las que coinciden los tres son puertos y aeropuertos de interés general; Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; servicio meteorológico; archivos, museos y bibliotecas; y tráfico y seguridad vial. IU quiere que el Guadalquivir figure en el texto articulado de las competencias, mientras que PSOE e IU la reclaman al Estado a través de una disposición adicional.

Nuevo aplazamiento

Los partidos han vuelto a retrasar la discusión del título competencial, previsto inicialmente para el día 20 hasta el día 27, a petición del Partido Andalucista, que reclama más tiempo para estudiar con detalle el documento de síntesis elaborado por el PSOE. El 27 de diciembre finaliza el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso a la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Cataluña. Y las enmiendas indicará el grado de acuerdo alcanzado por las formaciones catalanas con el PSOE.

La ampliación de competencias por el artículo 1502.2 de la Constitución no es el camino preferido por la dirección federal del PSOE. Ésta mantiene que las comunidades no pueden plantear en sus estatutos una petición que compete al legislador estatal.

Sin embargo, en los últimos días se ha producido "un acercamiento de la dirección federal a las posiciones de Andalucía", según sostuvo ayer Pizarro, en conferencia de prensa tras la última reunión del año de la comisión ejecutiva del PSOE.

Los socialistas andaluces han insistido ante sus referentes federales que el modelo propuesto desde Andalucía es diferente al que se incluye en el Estatuto catalán, ya que, según mantienen, no le dicen al Estado qué leyes orgánicas deben modificar. Además incluyen en la disposición adicional por las que reclaman materias estatales un punto en el que, al contrario que en Cataluña, se afirma que cualquier cambio de la norma no supondrá reforma del Estatuto.

Pizarro aseguró que los socialistas andaluces mantendrán esta petición en el texto de reforma que se entregue al Congreso de los Diputados, con independencia de la posición del PSOE federal, con el que la ejecutiva andaluza mantiene una "discusión leal".

Preguntado por el rechazo mostrado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a ceder la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Andalucía, Pizarro afirmó de manera tajante que esa petición figurará en la proposición de ley de reforma. "El Consejo de Ministros no es el que decide si Andalucía va a tener competencias o no. La ministra puede tener su opinión, pero al final quien decide es el Congreso de los Diputados", subrayó.

Pizarro también aclaró que la llamada deuda histórica, contemplada en la disposición adicional segunda del actual Estatuto, seguirá manteniéndose si antes de enviar el texto de reforma al Congreso de los Diputados no se alcanza un acuerdo con el Gobierno central.