Prisión para 2 socias de un restaurante por la red de tráfico de inmigrantes

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia decretó ayer prisión para dos socias de un restaurante en Valencia por su supuesta participación en la red de tráfico de inmigrantes desarticulada por la Jefatura Superior de Policía, en colaboración con la de Palma de Mallorca. La tercera sospechosa que pasó ayer a disposición judicial, una funcionaria de la Oficina de Extranjería de Valencia, quedó en libertad provisional.

La operación policial desarrollada en Valencia y Palma de Mallorca el pasado martes se saldó con 12 personas detenidas -siete de nacionalidad china de las cuales seis son de la misma familia, y cinco españoles-, de entre 26 y 61 años de edad. Nueve de los imputados fueron arrestados en Valencia, entre ellos tres funcionarias de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Valencia. Según el Ministerio del Interior, la red se dedicaba supuestamente "al tráfico de seres humanos para la explotación laboral" y su "núcleo principal", a tenor de las investigaciones, lo integrarían ciudadanos chinos y una pareja de españoles de Valencia, "elementos fundamentales de la trama, relacionados con algunos funcionarios" de Extranjería. Estas tres trabajadoras de la oficina están imputadas por su "presunta implicación", aunque "a otro nivel" que los organizadores principales.

De los detenidos en Valencia, tras su declaración en dependencias policiales, sólo tres pasaron ayer a disposición del juzgado. Se trata de una funcionaria de Extranjería y dos socias del restaurante Ágape, situado en la calle de Pío XII de Valencia, una de nacionalidad española y otra china. El local fue registrado el pasado martes en el marco de la operación para desmantelar la red, según fuentes conocedoras de la investigación. A última hora de la tarde de ayer, la juez decretó prisión para las dos propietarias del restaurante, mientras que la funcionaria quedó en libertad provisional con la obligación de presentarse dos veces al mes. La orden de prisión se cursa por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y contra los derechos de los inmigrantes, según fuentes judiciales. El resto de los detenidos en Valencia -dos funcionarias, un ciudadano español y tres mujeres chinas- están en libertad a expensas de poder ser citados a declarar por el juzgado.

Según Interior, los supuestos integrantes chinos de la red se habrían encargado de traer a España a sus compatriotas "para proceder después a su presunta explotación laboral". Los sospechosos de nacionalidad española "presuntamente serían los encargados de proveerles de autorizaciones de residencia y trabajo" con "documentos y certificaciones al parecer falsificados" por estos detenidos que después presentaban en la Oficina de Extranjería "como paso previo e imprescindible para la obtención de resoluciones favorables". Los beneficios de la red dependían "de la dificultad en la obtención de la documentación, aparentemente legal, que debían aportar a los expedientes", cantidades que oscilaban entre los 600 y 3.000 euros. El número de inmigrantes chinos que habrían podido presentar papeles "con esta intermediación" está por determinar, pero podría "ser muy elevada", dada la cantidad de documentación incautada, el material informático y el dinero, unos 300.000 euros, hallado en un piso en Valencia.

El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, anunció que abrirá una investigación "para conocer lo ocurrido" y las supuestas implicaciones de las arrestadas.