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PLENO DEL PARLAMENTO

El documento de síntesis del PSOE no recoge las competencias del Estado que reclaman IU y PA

Caballero afirma que el texto es "muy insuficiente" y los socialistas dicen que no es de máximos

Lourdes Lucio

El documento de síntesis elaborado por el PSOE con las propuestas suyas, de Izquierda Unida y el Partido Andalucista sobre las competencias que deben figurar en el texto reforma del Estatuto andaluz no amplía el número de materias exclusivas del Estado que debería tener la comunidad, tal y como reclaman los partidos minoritarios. El texto, como anunció días atrás el portavoz socialista, Manuel Gracia, hace una distribución parecida a la que figura en la proposición de ley del Estatuto catalán, aunque no es tan detallista. Los socialistas afirmaron que el documento es provisional.

El PSOE hizo llegar la noche del miércoles a Izquierda Unida y el Partido Andalucista el documento con las tres propuestas existentes sobre competencias -el PP no presentó nada concreto en la última reunión-, en el que los socialistas asumen la división por materias propuestos por los partidos minoritarios.

La metodología empleada es muy distinta a la prevista inicialmente por el PSOE y a la que figura en el actual Estatuto. En el texto vigente se detalla de manera separada las competencias exclusivas de la comunidad, las compartidas con el Estado y las de ejecución de la legislación básica estatal. El procedimiento empleado ahora es el inverso: se describe la materia -agricultura, ganadería y pesca, por ejemplo- y se define qué tipo de atribución competencial tiene la comunidad autónoma.

Esta división es la que se ha seguido en Cataluña con el objetivo de blindar las competencias de la Generalitat y evitar la invasión de la legislación básica del Estado.

Desde el PSOE se insistió mucho ayer en que el texto es provisional, un punto de partida y "no de máximos", es decir, que están dispuestos a mejorarlo con las aportaciones de PA e IU en las reuniones bilaterales que celebren antes de que el próximo martes se debata en la ponencia.

Los socialistas también remitieron el documento al grupo popular, aunque no creen que éste participe en los contactos. El PP ha sido la única formación que no ha presentado ninguna iniciativa sobre el título competencial ya que, según sus dirigentes, antes de abordar su discusión es necesario que se clarifique cómo va a quedar el Estatuto de Cataluña en el trámite del Congreso.

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Esta actitud de abstención del PP puede dificultar su incorporación posterior a los trabajos, ya que, mientras tanto, el resto de las formaciones están alcanzando acuerdo. "Si al final cambian la estrategia en Madrid, van a tener muy difícil sumarse, porque tendrán que aceptar lo que ya hay. Nosotros no vamos a desmontar los acuerdos con IU y PA", aseguraron fuentes del PSOE.

En el texto refundido, los socialistas no amplían las peticiones de competencias exclusivas del Estado mediante el artículo 150.2 de la Constitución. Sólo figuran las cinco previstas por ellos: aeropuertos y puertos de interés general; servicio meteorológico; museos, archivos y bibliotecas; Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir; tráfico y seguridad vial. El PA reclama además otras cinco: convocatoria de consultas populares por vía de referéndum; telecomunicaciones; régimen de estancia y residencia de los extranjeros; obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales; y delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Andalucía y de la planta judicial. IU suma seis más, entre las que figura instituciones penitenciarias, o inspección de trabajo.

La portavoz de IU, Concha Caballero, consideró "muy insuficiente" e "irregular" el texto presentado por el PSOE, aunque reconoció que en cuatro materias -educación, salud, vivienda y suelo, y medio ambiente- los socialistas habían incluido sus propuestas.

El PA no se pronunció, a la espera de un estudio más detallado.

En la propuesta no figura dos reclamaciones incluidas por el PSOE en su texto original como el de que la comunidad participará en la gestión del sector público estatal y que la Junta gestionará los fondos europeos que le corresponda a Andalucía.

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