"Es humillante tener que descubrir en planos lo que unos terceros quieren hacer con tu casa"

La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo ha recibido en los últimos dos años unas 15.000 quejas y reclamaciones de afectados por lo que consideran abusos urbanísticos cometidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en vigor en la Comunidad Valenciana desde 1994. El caso de los Gale, una pareja británica que se estableció en Benissa tras su jubilación y se ve ante la perspectiva de pagar más de 40.000 euros y ceder 800 metros cuadrados de su parcela, no es el único. Estas son algunas de las peripecias de otros afectados por el urbanismo salvaje que ha censurado la Eurocámara.

- "Fue una humillación". José Crespo, jurista desde hace 18 años, se trasladó a vivir al municipio de San Juan, en Alicante, en 1999. "Vi una casa con jardín que me gustó y antes de comprarla comprobé que su situación era legal. La adquirí", explica. Dos años después, Crespo, según recuerda, comenzó a oír rumores sobre expropiaciones en la zona, pero nadie le notificó nada. "Investigué y supe que una empresa había presentado un proyecto para urbanizar dos millones de metros cuadrados donde está mi casa". Durante dos meses, y sin recibir ninguna notificación, fue cada semana al Ayuntamiento a ver si se había presentado algún proyecto nuevo.

"Nos pagarán menos de la mitad del precio de la parcela y tendremos que vivir de alquiler", se queja un propietario

El Ayuntamiento tiene "buenas palabras, pero no adquiere ningún compromiso", apunta un empresario agrícola de Aspe

Los afectados explican cómo la ley urbanística valenciana de 1994 amenazó y en algunos casos dañó sus propiedades

Crespo contabilizó nueve diferentes. Algunos de estos Programas de Actuación de Integrada (PAI) parecían respetar la vivienda, otros la destruían bajo una rotonda y otros se quedaban con medio jardín. "Era una humillación tener que descubrir entre planos indescifrables lo que unos terceros proponen hacer con tu casa, así que empecé a pensar en Europa, y más concretamente en las directivas europeas sobre contratos públicos", agrega Crespo, quien asegura que el proyecto no tenía pliego de condiciones, ni se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea "ni respetaba las obligaciones de transparencia y competencia". Este abogado, especialista en derecho comunitario, se pasó seis meses trabajando como voluntario para preparar una queja que presentó ante la Comisión Europea en julio de 2004. Ahora le acaban de dar la razón.

- "Están robando la tierra". Enrique Rubio se dedica desde hace una década a la agricultura ecológica. Fundamentalmente cultiva hortalizas, como apio, lechuga o brécol, que vende en los mercados locales y también exporta. Su explotación Eco Iris está situada en el término municipal de Aspe, sobre una parcela de 22.000 metros cuadrados en propiedad y otros 20.000 arrendados. Para él la amenaza es doble. Por una parte el Instituto Valenciano de la Vivienda tiene previsto expropiarle unos 4.000 metros para construir 1.050 viviendas protegidas, y además en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística que el Ayuntamiento diseña se recalifica este suelo no urbanizable para poder construir. "A mí me destrozan, es injusto, sólo pedimos seguir trabajando", comentó ayer este agricultor, que ha recogido más de mil firmas de vecinos apoyándole. "Nos están robando la tierra, se aprovechan de la ignorancia de la gente", dice Rubio, que recuerda cómo al principio su finca estaba ubicada a un kilómetro del pueblo y ahora "está en el linde, ha ido creciendo sin parar". De momento, lucha con los abogados para defender su tierra y su medio de vida. El Ayuntamiento tiene "buenas palabras, pero ningún compromiso".

- "Un atropello a la naturaleza". Graham y Janice Fisher son una pareja británica. Llevan viviendo una década en un chalé que compraron en la ladera del monte Maigmó, en el linde del parque natural ubicado en Tibi (Alicante). Viven en la urbanización El Aljibe, de la que forman parte unas 80 familias que se sienten amenazadas por la presión urbanística. El Ayuntamiento tramita un PAI de 1,5 millones de metros cuadrados para construir 1.300 viviendas en la ladera del Maigmó. "Creo que es un atropello a la naturaleza edificar tantos chalés juntos", explica Graham. "Ahora hay pocas casas y dispersas, pero por la insensatez del alcalde nos echarán de aquí".

- "El chalé ya no es nuestro". Juan y Karen Marco son una pareja que ha vivido durante los últimos años en un chalé de su propiedad en la cala de Finestrat de Benidorm y que escrituraron hace más de 20 años. Su parcela de unos 1.300 metros cuadrados tiene una casa unifamiliar de 115 metros, jardín y piscina. La parcela está dentro de un PAI aprobado por el Ayuntamiento que considera el terreno "urbanizable programable". "Ahora el chalé ya no es nuestro, nos pagarán menos de la mitad del precio de la parcela en el mercado actual y tendremos que buscar un piso de alquiler", dice el afectado. Marco lamenta los métodos que se están aplicando: "Pasan por encima de la gente y te sientes indefenso". Esta familia reconoce que se ha gastado una fortuna en abogados en los últimos cuatro años presentando quejas a las instituciones para defender su casa. "Hemos sufrido una gran presión psicológica", se quejan.

- "Ni quiero vender ni millones". Ana María Pons posee una casa a 20 metros del mar y a 100 metros del club náutico de Altea. Vive en ella y pertenece a su familia desde hace 100 años. En 2000, Ana fue una de las propietarias de la zona que creó una Agrupación de Interés Urbanístico con otros dueños de inmuebles y terrenos después de que corriese por el pueblo el bulo, cuenta ahora, de que una empresa iba a presentar un proyecto urbanístico en esta urbanización. Si ellos tomaban el control del proyecto, les sería más fácil velar por su propiedad.

Cedió la escritura de su propiedad a la agrupación y pagó la parte que le correspondía de los 98 millones de las antiguas pesetas (589.000 euros) que costó la redacción de un proyecto ajustado a las necesidades de los residentes. La obra sigue sin realizarse cinco años después y la nueva mayoría que controla la agrupación propugna ahora un proyecto urbanístico "más lujoso, al estilo de la Costa Azul", explica Ana. "Hay gente, sobre todo mayor, que está cansada y que no ve el final de esta historia y prefiere vender". La incertidumbre sobre lo que puede o no ocurrir es difícil de soportar y algunos propietarios optan por vender su propiedad. La casa de Ana se convertiría, dice ella, en zona verde si cambian los planes. "Estoy mal, porque ni quiero vender, ni quiero 400 millones ni moverme de mi casa", concluye.