La Corte Penal Internacional exige a Sudán apoyo en Darfur

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, exigió ayer la colaboración del Gobierno de Sudán para juzgar los crímenes cometidos en la región de Darfur. Moreno Ocampo presentó ayer al Consejo de Seguridad de la ONU su segundo informe sobre las investigaciones de matanzas, violaciones masivas y otras atrocidades cometidas en esta región sudanesa.

En su presentación, el fiscal hizo hincapié en las dificultades con que se están llevando a cabo las indagaciones, en medio de la violencia que todavía reina en la región y de la complejidad del proceso de transición política en el país africano.

El fiscal de la CPI subrayó que las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes están progresando. También consideró que acabar con la impunidad "es un componente esencial para lograr una paz y transición efectiva" en Sudán.

En esta primera fase de las investigaciones, la oficina de la fiscalía, integrada por una veintena de expertos, se ha centrado en estrechar los lazos de colaboración con el Gobierno de Sudán y la Unión Africana (UA). En la segunda fase, cuando empezarán realmente los interrogatorios, la CPI ha instado al Gobierno de Jartum a prestar "una mayor asistencia y cooperación en el proceso de recogida de datos y pruebas".

Protección de víctimas

Las entrevistas realizadas hasta el momento se han hecho fuera de Darfur, debido a la inestabilidad de la región. La fiscalía cree que es primordial establecer un sistema de protección a las víctimas y los testigos. También insistió en que la lista de 51 sospechosos de haber cometido atrocidades -cuyos nombres no se han revelado- es simplemente orientativa.

"Vamos a llevar a cabo nuestra propia investigación independiente, de acuerdo con nuestras regulaciones y políticas. En los próximos meses, identificaremos a las personas que deben ser encausadas", puntualizó Moreno Ocampo.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, manifestó que el Consejo de Seguridad "necesita debatir y determinar qué nivel de colaboración y asistencia ofrecerá a la Corte Penal Internacional". El presidente de turno del Consejo, el embajador británico Emyr Jones Perry, dijo que hay que "acabar con la impunidad en Darfur (...) por lo que es indispensable llevar ante la justicia a los responsables".

El conflicto de Darfur estalló en febrero de 2003, cuando los grupos rebeldes de la zona se levantaron en armas contra el Gobierno de Jartum por la marginación que sufrían. Desde entonces han muerto 300.000 personas y 2,5 millones han sido desplazadas. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch demandan mayor apoyo del Consejo a la fiscalía del CPI para que cumpla su misión.