"Es una respuesta lógica y bastante justificada"

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, consideró ayer en Sevilla que la iniciativa del Parlamento Europeo de pedir una moratoria en la aplicación de ciertos preceptos de la ley urbanística de la Comunidad Valenciana es "la respuesta lógica y bastante justificada" ante "una preocupación evidente". "En el caso de la Comunidad Valenciana, las cifras están ahí. La cantidad de viviendas adicionales que se quieren construir en una costa muy saturada no sólo significan problemas ambientales, sino de congestión de infraestructuras o deficiencias de equipamientos públicos; es decir, de reducción de la calidad de la oferta turística", explicó Narbona, a preguntas de los periodistas, durante un acto empresarial.

El Parlamento Europeo considera que la aplicación de la actual norma urbanística de la Comunidad Valenciana, que el Ejecutivo autonómico prevé modificar en los próximos meses, ha lesionado los derechos de propietarios de fincas y chalés al obligarles a financiar infraestructuras y zonas comunes en terrenos rústicos recalificados. La Eurocámara relaciona también el desarrollo urbanístico en suelos rústicos con efectos ambientales perniciosos en la costa levantina.

"En España estamos vinculando demasiado nuestro desarrollo económico con el inmobiliario, sobre todo en las costas", reflexionó la ministra de Medio Ambiente, quien recordó que las competencias sobre el urbanismo recaen en las comunidades autónomas. Según Narbona, el actual modelo urbanístico "puede matar la gallina de los huevos de oro porque los turistas buscan zonas libres de edificación, valiosas desde el punto de vista ambiental".

La ministra ofreció a las comunidades "trabajar juntos" para "reconducir" el proceso de edificación masiva del litoral. Una política en la que enmarcó la iniciativa de su ministerio, respaldada financieramente por la UE, de comprar fincas en el litoral.