La paz y la palabra

Como Blas de Otero, hoy desde Catalunya creo que muchos ciudadanos pedimos simplemente la paz y la palabra.

Venimos de un silencio, "antic i molt llarg" cantaba Raimon. El silencio de la dictadura. Un silencio impuesto por la violencia y el miedo a todo el país y especialmente a los que perdieron la guerra y a nosotros, sus hijos. Un silencio que se nos impuso desde la infancia. En casa se hablaba el catalán. En la calle estaba prohibido. Era la lengua de nuestros afectos. Mis padres, trabajadores, catalanistas y de izquierda, sobrevivían difícilmente en la larga posguerra de los cuarenta y los cincuenta. Primero las represalias, luego el refugio en la estricta privacidad. Y otros silencios: la rabia con la que mi padre cerraba la radio al terminar los informativos, antes de que se escuchara el insoportable colofón, "Viva Franco, arriba España" y el inevitable himno, por cierto aún vigente. De la guerra y de sus detenciones posteriores no se hablaba, algunos comentarios elípticos rompían muy de tarde en tarde la regla del otro silencio, el que los vencidos se imponían a sí mismos. En la escuela francesa el prudente silencio respecto a todo lo que se refería a España era la norma. Y cuando aprendimos La Marsellesa también supimos que era peligroso cantarla en la calle. Más silencio. Empecé a leer muy pronto, casi siempre en catalán y en francés. Tantos silencios represivos nos habían hecho sentirnos extraños a todo lo que sonara a español. Lo siento, que nadie se moleste, así fue.

Al odio del ocupante respondíamos con un rechazo visceral a la España metafísica e imperial que nos imponían. Excusen estas referencias elementales a mi particular "memoria histórica". Nuestra patria es nuestra infancia, el tiempo y el lugar en el que se forjan sentimientos arraigados y actitudes básicas. Mi patria fue Barcelona como espacio físico y "lo catalán" como entorno familiar y cultural. España, la agobiante España franquista, nos resultaba un ente lejano como concepto, opresor en la cotidianidad, amenazador siempre. Y no se extrañen, amigos españoles, que incluso los que no nos definimos como nacionalistas o independentistas, nos parezca lógico considerarnos sujetos de derechos que no se derivan exclusivamente de la Constitución y del Estatut, aunque asumimos que es por ellos que pueden ser efectivos y, si quieren, compartidos. Pero nos resulta incomprensible que en un marco teóricamente democrático no sólo no se nos reconozca el derecho a decidir nuestro futuro colectivo libremente sino que además se nos pretenda condenar al silencio por no sentirnos españoles de la misma forma que otros o por tener una idea distinta de lo que puede ser una España democrática. Podemos aceptar ser ciudadanos españoles de razón, solidarios y diferentes a la vez. No nos pidan que lo seamos con el mismo sentimiento que otros, no compartimos las mismas emociones. Y no podremos nunca ser españoles por la fuerza.

¿Por qué revivo ahora esta triste y lejana memoria? Para entender el presente. Para contribuir quizá a que se nos entienda un poco mejor fuera de Catalunya. Y para encontrar una explicación a este resurgir de un españolismo intolerante que tanto nos hizo alejarnos de España en el pasado, que puede alejarnos irremisiblemente de España hoy. Una explicación que tiene su origen en otro silencio, el de la transición.

Viví intensamente el privilegio histórico de una década prodigiosa de conquista progresiva de espacios de libertad y luego otra década, los ochenta, en la que nuestra generación, gentes de 30 y 40 años, fue afortunada protagonista de la construcción de lo que pensamos era las bases de la democracia deseada. Aunque debiéramos pagar un precio para ello. ¿Olvidar?, ¿callar?, ¿aceptar la impunidad por los crímenes cometidos por décadas de brutal dictadura?, ¿no denunciar a sus cómplices ni a los que se beneficiaron de ella?, ¿tolerar la mezquindad con la que se trató a los resistentes?, ¿evitar la confrontación con los valores de un siniestro nacional-catolicismo que legitimó las peores fechorías del franquismo? El silencio contra el que nos levantamos durante la dictadura se convirtió en silencio consciente y libremente asumido en democracia. La transición inició un proceso democrático real pero pervertido por la prudencia o impotencia de unos y la impunidad de otros. A diferencia de lo ocurrido en Alemania, Italia o Francia a la caída de los fascismos, o más recientemente en Argentina y Chile, acá no se depuraron ni crímenes ni responsabilidades, ni mitos ni estatuas, ni empresas ni valores. La democracia nació marcada por un pacto con la injusticia y la mentira.

La impunidad fue aplicada como regla general de la transición. En consecuencia los intereses, los comportamientos y los lenguajes propios de la dictadura quedaron momentáneamente en un segundo plano pero no deslegitimados, permanecieron intocados. Más pronto que tarde han vuelto. En esta democracia, devaluada al nacer por demasiados silencios, han reaparecido los demonios de aquella España negra, la de la rabia y la (mala) idea machadiana, que ingenuamente creímos hace 25 años que había desaparecido.

Una España que renace cuando fuerzas políticas y culturales la excitan y la utilizan para reconstruir su patrimonio de poder y promover un retroceso democrático. Ha sido la estrategia del PP, que le ha procurado importantes réditos electorales, con el apoyo de una parte de los medios de comunicación. Se ha pervertido el debate político no sólo en los ámbitos institucionales y electorales. En este proceso retrógrado se incluye a la muy reaccionaria y culpable jerarquía eclesiástica, una parte significativa de la burocracia centralista, cierta intelectualidad que ha renacido cultivando el más rancio españolismo y algunas cúpulas corporativas económicas que añoran la colusión con los poderes políticos en la oscuridad de las cavernas del autoritarismo. Con toda esta amalgama se ha formado un bloque antidemocrático que recupera ideas y estilos propios del franquismo. Y que a veces encuentra sintonías en sectores democráticos y de izquierda que fusionan una metafísica españolista más o menos explícita con cierto afán monopolista de poder.

Con ocasión de la propuesta de Estatut no sólo se ha movilizado el bloque antidemocrático sino que es más perceptible alguna sintonía con sectores progresistas (que con frecuencia se expresan en este periódico). Como no creo en conspiraciones malvadas de las cuales la víctima sería una Catalunya tan metafísica como la España rancia, algo debe haber de malo en la propuesta estatutaria. Pero la lectura del texto no parece justificar la amalgama españolista contraria que se ha producido, que por otra parte propicia elreactivo resistencialismo esencialista catalán. A estas alturas resulta anacrónico debatir sobre soberanismos y naciones. Ni el definir Catalunya como nación es imprescindible en el texto estatutario, ni esta afirmación conlleva ningún riesgo para la existencia de un Estado español articulado y solidario.

El problema está, a mi parecer, en la dificultad de entenderse, nos falta un lenguaje básico común a pesar de compartir, afortunadamente, la lengua castellana. Confieso que la mayoría de los argumentos críticos contrarios al Estatut me resultan incomprensibles, me parecen procesos de intenciones, interpretaciones abusivas, prejuicios que distorsionan lo que dicen los textos y expresan sus autores. No compartí en su momento la oportunidad de plantear un nuevo Estatuto, ni me pareció adecuado el proceso público y partidista de su elaboración, ni creo que su extrema prolijidad sea la que permita la mejor negociación posible. Pero se trata de consideraciones que corresponden al pasado. El presente es un texto que a mi parecer tiene poco que ver con las críticas que se le hacen desde los medios de comunicación del resto de España. Y no me refiero tanto a los exabruptos neofranquistas que se expresan en COPES, FAES, Abces y similares como a las críticas más elaboradas por parte de autores y medios a los que no se puede discutir su compromiso democrático. No sólo han leído un Estatut distinto al que hemos leído aquí, en Catalunya, sino que nos transmiten una idea mítica, ahistórica, esencialista de España que en el mejor de los casos correspondería al regeneracionismo del siglo XIX pero que no se corresponde con la complejidad de las sociedades actuales, de soberanías compartidas, relaciones institucionales contractuales y dialécticas globales-locales en cuyo marco deben los Estados inventar nuevos roles y procedimientos que les lleven a articular competencias e identidades plurales en el ámbito de su territorio.

¿Por qué esta dificultad de hablarse y de entenderse? Sin ánimo de ofender nos parece que una de las causas es que los silencios de la transición no permitieron la necesaria depuración del lenguaje esencialista, incompatible con una democracia sana, es decir respetuosa tanto del desarrollo de las libertades o autonomías individuales como de las pluralidades políticas y culturales existentes en sus marcos territoriales. Sorprende constatar que en el debate sobre el Estatut no se argumenta sobre la modernización del Estado en el marco de la globalización y la inserción en entidades supraestatales, en el hecho de que el espacio socioeconómico definitorio de la productividad y de la cohesión es el "regional" más que el "estatal" o "nacional", que lo global tiene como contrapartida el reforzamiento de las identidades "locales" o "subestatales" que son o pueden ser factores de desarrollo y de gobernabilidad, que requiere gestión de proximidad. Uno tiene la impresión al leer gran parte de los textos críticos al Estatut, con frecuencia revestidos de declaraciones democráticas que no dudamos son sinceras, que prevalece un sustrato metafísico imperial que suena vetusto. Es posible que los autores a su vez encuentren un sustrato equivalente que viene de Catalunya. Pues bien, como se dice acá, "seguem i parlem-ne". Con la paz de las palabras que sólo existe cuando se dialoga sin prejuicios ni descalificaciones previas.

Jordi Borja es geógrafo-urbanista.