La politización de la justicia

En las últimas semanas, la oposición parlamentaria, que integran el PSPV y Esquerra Unida, ha reiterado sus acusaciones de corrupción hacia el Consell y el Partido Popular presidido por Francisco Camps. La existencia de nuevas revelaciones sobre irregularidades en la gestión del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), la supuesta participación de varios miembros del consejo de administración de Terra Mítica en una trama de facturas falsas, y la declaración del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, como imputado en una tercera causa obligaron a la dirección del Consell y del PP a cambiar su estrategia inicial. Así, en vez de ignorar estos asuntos para no dar pie a nuevas críticas, los populares optaron finalmente por expandir la sombra de la corrupción. Tres han sido los blancos del Consell y la dirección regional del PP: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricard Cabedo; el vicepresidente de Bancaja, Josep Maria Cataluña, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, junto a otros pocos cargos socialistas, la mayoría alcaldes.

Las críticas de los populares al fiscal jefe, Ricard Cabedo, han sido sustentadas en su parcialidad, por estar casado con una diputada socialista

Los grupos de la oposición han reiterado en las últimas semanas sus acusaciones de corrupción hacia el Consell y el Partido Popular

Las críticas de los populares al fiscal jefe del TSJ han sido, fundamentalmente, de parcialidad. Una crítica sustentada en dos argumentos: su matrimonio con la diputada socialista en el Congreso Juana Serna y la supuesta celeridad con la que ha tramitado una denuncia de la Agencia Tributaria que incluye a Terra Mítica en una supuesta trama de empresas que emitían facturas falsas. La dureza y el calibre de las críticas a Cabedo por parte del PP -incluida una petición de comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que explique en el Congreso la "alarma social" generada por la fiscalía del TSJ- sólo ha servido para aglutinar a las juntas de fiscales en defensa de su superior, lo que finalmente ha hecho que el Consell rebobinase.

Por su parte, el vicepresidente de Bancaja y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, han sido acusados por el PP de recaudar donaciones de promotores y constructores de Orihuela para financiar el PSPV. La base de la acusación, que los populares finalmente han reducido a Pla, son unas declaraciones del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño, expulsado del PSPV-PSOE desde hace meses.

Textualmente García Ortuño dijo: "Pla sólo viene a Orihuela a reunirse con empresarios y no con los militantes, y después Cataluña

[ex secretario de Administración del PSPV y actual vicepresidente de Bancaja] pasa la bandeja". El edil oriolano sostiene que se refirió a la petición de donaciones de los partidos para financiar su actividad. "Es una práctica común de los partidos y no constituye ningún delito", explica ahora García Ortuño. "Yo nunca he acusado a Pla de pedir financiación a los empresarios a cambio de favores, extremo que sí sería delito. Por tanto, no tengo por qué denunciar nada de esto ante el Fiscal Anticorrupción", añade.

García Ortuño sí ha trasladado a ese departamento de la Fiscalía de Alicante documentos relacionados con la investigación del ministerio público sobre supuestos fraudes contables en el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP. "Es un tema diferente, esa investigación la inició de oficio el fiscal a raíz de las denuncias del ex interventor de la Corporación", concluye.

En este ambiente, el debate sobre la corrupción y el cruce de acusaciones entre populares y socialistas ha llevado al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, a manifestar que apartará del partido a todos aquellos cargos que estén imputados en una causa judicial. Elemento al que se ha acogido el PP para exigir que cumpla con su palabra y expulse del PSPV a varios alcaldes imputados por supuestos delitos de diverso carácter. Exigencia que contrasta con el nulo cumplimiento del código ético que se impuso el PP bajo la presidencia de José María Aznar.

Sin embargo, los principales casos que se instruyen en los juzgados y que afectan a posibles prácticas irregulares de altos cargos públicos son los siguientes:

- Caso Ivex. El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia instruye de una denuncia del PSPV que cree que hay indicios de que el Ivex pagó de manera irregular parte del contrato de promoción con el cantante Julio Iglesias. El ex director del Ivex José María Tabares ya fue condenado por estafa y falsedad en relación con otra operación comercial. El instituto se ha visto, además, envuelto en una polémica política por la concesión de becas a familiares de altos cargos del PP.

- Terra Mítica. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia tramita la denuncia interpuesta por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, a raíz de la documentación remitida por la Agencia Tributaria, por una trama de facturas falsas en la que figura, entre otras empresas, Terra Mítica. Entre los imputados figuran tres miembros del consejo de administración de Terra Mítica: Luis Esteban, Miguel Navarro -ahora en la empresa de la Generalitat Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA-, y el ex cuñado de Eduardo Zaplana, Justo Valverde.

- Caso Fabra. El presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, se enfrenta a dos procedimientos judiciales distintos pero con un mismo origen, la acusación del empresario Vicente Vilar de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la tramitación de autorizaciones de productos fitosanitarios. El presidente provincial del PP de Castellón ha tenido que personarse ya tres veces ante el juez para declarar por la supuesta comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, entre los que se encuentran el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias; por un presunto fraude fiscal, denunciado por la Agencia Tributaria tras la inspección de su declaración de 1999; y por un posible delito de falsedad del que le acusa el mismo Vilar.

- Fiscalía Anticorrupción. Las supuestas irregularidades en la gestión urbanística y económica de tres alcaldes del PP, los de Alicante, Luis Díaz Alperi; Torrevieja, Pedro Hernández Mateo; y Orihuela, José Manuel Medina, centran las investigaciones de la recién creada Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia de Alicante.

El alcalde de Alicante está imputado en un supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa pública Mercalicante. Junto a Alperi, hay otros 21 imputados más, entre ellos un edil y un ex concejal del PP. La investigación judicial, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, comenzó en septiembre de 2002 y tres años después el sumario aún no está cerrado.

Un juzgado de Torrevieja, a instancia del fiscal Anticorrupción, investiga la ventajosa operación inmobiliaria del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo. Éste compró en 2000 una finca en la vecina localidad de Almoradí por 180.000 euros y la vendió dos años después por 5,4 millones. En el origen y final de la operación está la mercantil Edén del Mar, constructora con un elevado volumen de adjudicaciones en Torrevieja, antes, durante y después de la compra-venta de la finca por parte de Hernández Mateo.

En Orihuela, al margen de las denuncias de la oposición sobre irregularidades urbanísticas, el fiscal Anticorrupción investiga una serie de supuestos fraudes contables denunciados por el ex interventor de la Corporación. El alcalde de la localidad, José Manuel Medina, vive en un chalé y conduce un lujoso turismo, ambos propiedad de un promotor.

Junto a estos consistorios, los juzgados también tienen abiertas diligencias, igualmente por supuestos tratos de favor e información privilegiada en el ámbito urbanístico, que afectan a los de Albatera y Catral, gobernados por el PSPV; Algorfa, en manos del PP, y Xàbia, hasta hace unas semanas también gobernado por los populares. En Oropesa, el alcalde, Rafael Albert (PP), y en Vila-real el concejal de Urbanismo, Juan Serrano (PP), también tienen diligencias abiertas; igual que los alcaldes socialistas de Alcalá, Isabel Soriano; Zarra, Juan José Rubio; Elda, Juan Pascual Azorín; y Llucena, Vicent Nebot.

Esta información ha sido elaborada por Santiago Navarro, María Fabra y Joaquín Ferrandis.