El alcalde de Almuñécar reta a la Junta a dirimir los conflictos urbanísticos en el juzgado

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (PA), retó ayer a la Junta a que pruebe en los tribunales las irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas durante su mandato. Benavides afirmó que las discrepancias entre ambas instituciones no suponen que Obras Públicas tenga razón "porque las competencias básicas de urbanismo pertenecen a los municipios". El alcalde señaló que 43 de los 55 contenciosos que mantiene con la consejería fueron provocados por actuaciones del PSOE y del PP durante el mandato anterior y que en 21 de ellos no se adoptó la suspensión cautelar que la Junta pidió.

Benavides se desplazó ayer desde Almuñécar hasta Granada para denunciar en los medios provinciales y regionales la campaña de intoxicación sobre su política de urbanismo que, a su juicio, promueve la Junta de Andalucía. El alcalde, acompañado de algunos de sus concejales, se quejó de excesiva presión por parte de la inspección de Obras Públicas en su municipio. "Los vecinos se quejan continuamente de este agravio comparativo porque ven que, nada más cruzar el límite del término municipal, se puede cometer cualquier desmán sin ningún control", dijo.

El alcalde considera que la Junta no tiene razones para retirar las competencias urbanísticas al municipio granadino, como ha sugerido a lo largo de esta semana. Benavides aseguró que 43 de los 55 contenciosos urbanísticos que mantiene con el gobierno andaluz se deben a acuerdos adoptados por el anterior ejecutivo local formado por el PP y el PSOE. El regidor se erigió en vencedor temporal de estos procesos judiciales al añadir que de los 28 en que la consejería de Obras Públicas pidió la suspensión cautelar de las licencias, sólo en siete lo ha conseguido y de ellas sólo en tres la decisión judicial es firme. "Almuñécar 21, Junta 3", dijo con un símil futbolístico.

"Es cierto que tenemos un nivel de conflictividad muy importante con ese Ayuntamiento", afirmó por su parte el delegado de Obras Públicas en Granada, Pedro Fernández. "En la primera reunión que tuvimos con él, le ofrecimos solucionar amistosamente los contenciosos que tenemos abiertos de acuerdo con la ley, como hacemos con otros muchos alcaldes de cualquier signo, pero Benavides siempre ha preferido ir a los juzgados", añadió el delegado.

Urbanización ilegal

Benavides cargó también contra la Fiscalía, que mantiene una acusación de prevaricación en un juzgado del municipio por no paralizar las obras de una urbanización declarada ilegal por un juez debido a su defectuoso sistema de saneamiento y sus vertidos incontrolados. Esos bloques tienen además un incremento de edificabilidad de 2.000 metros cuadrados, según el fiscal. "Ninguna de las licencias de esos bloques las dio el gobierno andalucista", dijo el regidor ignorando que la denuncia se debe a no haber detenido su construcción. "Las cuatro primeras las concedió el PSOE y las dos siguientes, el PP", añadió.

En cuanto a su proyecto de PGOU que prevé la construcción de 39.000 viviendas, cuatro campos de golf y dos puertos deportivos (uno de ellos tierra adentro), muy criticado por la Junta, el regidor reprochó a Obras Públicas que no mida por el mismo rasero el urbanismo de otros municipios del cinturón de Granada gobernados por el PSOE. "En Almuñécar se descalifica lo que es normal en Armilla o Atarfe", señaló.

Del delegado en Granada de la consejería de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez, que el pasado lunes afirmó que el plan afectaría al paraje natural de Maro-Cerro Gordo, implicaría la desaparición de la vega y de alguna de sus especies catalogadas, y no busca un turismo de calidad, Benavides dijo que "no tiene ni pajolera idea" para después pedirle paciencia. "Qué se espere a recibir el documento antes de juzgarlo", le espetó.

El equipo de Gobierno pretende que los vecinos voten en referéndum su propuesta de PGOU en abril, una consulta que el Gobierno central debe aprobar previamente y que su grupo municipal presentará el próximo jueves en el Ayuntamiento. "La última palabra la tendrán los ciudadanos que se pronuncien en él", dijo Benavides que pidió al PSOE y la Junta que respeten la voluntad popular. "Sería bochornoso que el referéndum no se permitiera", afirmó.

Preguntado por lo que haría en caso de que la Junta retirara las competencias urbanísticas al municipio, el alcalde respondió: "¿En base a qué?". "No hay un solo miembro de esta corporación ni de las anteriores que haya sido condenado [por delito urbanístico]", concluyó.