La Junta contempla también la retirada de competencias urbanísticas a Manilva

Las irregularidades urbanísticas en Manilva (Málaga), ciudad en la que la Consejería de Obras Públicas ha abierto 20 expedientes por infracciones en los últimos tres años, y el encarcelamiento del anterior alcalde, Pedro Tirado, por presunta corrupción, han motivado que la administración autonómica extreme el control sobre la gestión municipal en la materia e incluso tenga en consideración la posible retirada de competencias urbanísticas al consistorio. Obras Públicas mantiene también una estrecha vigilancia sobre la gestión en otro municipio conflictivo, Almuñécar.

Distintas fuentes de la Junta consultadas han admitido que Manilva puede ser el segundo municipio andaluz tras Marbella al que la administración autonómica retire las competencias sobre planificación urbanística una vez que el próximo 12 de diciembre entre en vigor la ley que le faculta para esta medida excepcional (Ley de Medidas sobre la Vivienda Protegida y Suelo). "En Manilva puede haber materia para la intervención", ha admitido una de esas fuentes, si bien la decisión aún no está tomada y dependerá en buena medida de las actuaciones que siga el nuevo gobierno municipal elegido tras el encarcelamiento de Pedro Tirado.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo el domingo en una entrevista con EL PAÍS Andalucía que Marbella no será el único ayuntamiento al que se rescaten competencias urbanísticas y que Obras Públicas "trabaja intensamente" en otros municipios del área. El presidente regional del PP, Javier Arenas, conminó ayer a Zarrías a explicar en el Parlamento cuáles son esos ayuntamientos.

En los últimos tres años, la Junta ha abierto 20 expedientes por infracciones urbanísticas en Manilva, en siete de los cuales está implicado el propio Ayuntamiento por conceder licencias contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. La consejería ha impugnado ya dos de estas licencias ante los tribunales y espera que el nuevo equipo de Gobierno que preside desde hace un mes el tránsfuga del PSOE Salvador Zotano, revoque de oficio las otras cinco licencias antes de llevarlas también a la vía judicial.

También ha conminado la consejería al Ayuntamiento a sancionar una decena de irregularidades cometidas por particulares. La Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias de investigación penal contra el consistorio por permitir la construcción de un edificio junto a la desembocadura del río Manilva que invade el dominio público-marítimo terrestre.

Convenios

Además de todo ello, la Junta va a revisar los convenios urbanísticos firmados por el anterior alcalde, Pedro Tirado, que dimitió de su cargo el pasado 15 de octubre, un día después de ser encarcelado por presunta corrupción urbanística. Tirado, antiguo miembro del GIL, está acusado de recibir dinero para recalificar una finca de 1,3 millones de metros cuadrados a una de las sociedades de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de droga de la red de Ballena Blanca.

El redactor del nuevo PGOU de Manilva, actualmente en elaboración, Damián Quero, ha alertado de que, después de aprobarse el documento de avance, Tirado firmó convenios urbanísticos contrarios a las estipulaciones del plan.

Aunque desde la Consejería de Obras Públicas se considera que en ningún otro municipio se ha vulnerado la legalidad urbanística en las proporciones de Marbella, todas estas circunstancias hacen muy peculiar la situación de Manilva.

Por otro lado, Obras Públicas también mantiene una especial vigilancia sobre la gestión urbanística del andalucista Juan Carlos Benavides en el Ayuntamiento de Almuñécar, en el que ha detectado múltiples irregularidades. El municipio costero granadino acumuló desde 2000 hasta febrero de este año 59 expedientes de disciplina urbanística por construcciones autorizadas u ordenadas por su equipo de Gobierno, entre las que se encontraban viviendas en espacios calificados como verdes o incrementos de edificabilidad a los permitidos por el PGOU. La mayoría pertenecen al mandato del actual alcalde, Juan Carlos Benavides, que gobierna desde 2003, informa Manuel Altozano.

Esos expedientes representan casi un cuarto de todos los que la Junta ha iniciado en la provincia de Granada, que consta de un total de 158 municipios. De las 59 actuaciones investigadas, 32 terminaron en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, recurridas por el gobierno autonómico.

Una de esas irregularidades sobrepasó el ámbito administrativo para entrar de lleno en lo penal. La Fiscalía del TSJA acusó en mayo de 2004 a Benavides de prevaricación por no paralizar la construcción de una urbanización en el puerto deportivo de Marina del Este a pesar de que un juez la había declarado ilegal por su defectuoso sistema de saneamiento y sus vertidos incontrolados. Los cuatro bloques en cuestión tienen además un exceso de edificabilidad de 2.000 metros cuadrados, según el escrito del fiscal.