El proyecto de PGOU de Almuñécar pretende triplicar el terreno urbanizable del municipio

Las grandes operaciones inmobiliarias que, si nadie lo remedia, macizarán con 550.000 viviendas el litoral virgen situado entre Cartagena (Murcia) y Mojácar (Almería), tienen su hermana pequeña unos cientos de kilómetros al suroeste. El ayuntamiento de Almuñécar (Granada, 24.000) habitantes, aprobó inicialmente en agosto un proyecto de PGOU que prevé la construcción de 39.000 viviendas para los próximos 15 años. El alcalde, Juan Carlos Benavides (PA), ha propuesto a sus vecinos un referéndum sobre el plan que ha levantado fuertes reticencias en el PSOE y la Junta de Andalucía.

El proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) califica como suelo urbanizable sectorizado 19,7 millones de metros cuadrados que se extienden hacia el interior del término municipal y a lo largo de toda la línea del litoral del municipio hasta el paraje protegido de Maro-Cerro Gordo, en el límite con la provincia de Málaga. Si la Junta da su visto bueno, en esa superficie se levantarán en los próximos años más de 39.000 viviendas (de las que 6.010 serán protegidas) en un pueblo que supera escasamente los 24.000 habitantes. En caso de que los planes municipales salgan adelante, la población de Almuñécar podría multiplicarse cinco con la operación.

El nuevo PGOU prevé además la construcción de cuatro campos de golf y dos puertos deportivos: Chinagorda y Marina Seca. Este último se ha proyectado tierra adentro, en plena vega tropical, donde actualmente sólo hay plantaciones de chirimoyas y aguacates, dos de los productos agrícolas típicos de la zona. La rambla del río Seco, que llega hasta el mar, se convertiría, si el plan se aprueba, en el punto de entrada de las embarcaciones de recreo que, a través de los edificios del pueblo, llegarían hasta sus puntos de atraque rodeados de hoteles y apartamentos.

La aprobación inicial de la norma urbanística se produjo el pasado 17 de agosto -en plenas vacaciones de verano- con los votos a favor de los diez concejales del PA y los siete que tenía entonces el PP. Los populares condicionaron su apoyo definitivo al proyecto a la confección de un informe técnico que justifique la viabilidad del puerto interior. El PP quiere además que los cuatro campos de golf sean aptos para el circuito profesional y asegura que retirará su apoyo al plan si la consejería de Medio Ambiente pone pegas al que se pretende construir junto al río Verde.

Pero la baja voluntaria de Antonio Palacios, antiguo presidente local del partido, puede haber dejado en nada esas condiciones. Palacios ya ha apoyado junto al PA los presupuestos municipales de este año que el PP y el PSOE mantenían bloqueados hasta su marcha. Ni siquiera hace falta su voto para dar la mayoría al partido de Benavides. Basta su abstención para que el voto de calidad del alcalde rompa el empate entre gobierno local y oposición.

Los cuatro concejales socialistas, los únicos que desde un principio se han opuesto a la iniciativa del regidor, ya han informado a la dirección provincial y regional del PSOE sobre la propuesta. "El proyecto nos produce una preocupación importante", asegura el delegado de la consejería de Medio Ambiente en Granada, Gerardo Sánchez, que asegura que todavía no ha recibido la documentación. "La norma puede producir un impacto terrible, no sólo por la masificación, sino porque afecta al paraje natural de Maro-Cerro Gordo, implica la desaparición de la vega y de algunas de sus especies catalogadas, como el camaleón, y presenta importantes problemas de suministro de agua y de depuración de las aguas residuales de las futuras urbanizaciones", dice Sánchez. "El proyecto de puerto interior parece descabellado y dudo de que sea técnicamente viable", continúa el delegado. "Parece que vamos en la misma dirección que Marbella en lugar de buscar un turismo de calidad, que es lo que la costa granadina todavía puede ofrecer", concluye.

La posición de Sánchez coincide con la de la Plataforma de Defensa de Almuñécar -formada por IU, grupos ecologistas, sindicatos y asociaciones vecinales- que además aporta una razón jurídica. "El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) está actualmente en exposición pública y es completamente contrario a lo que se quiere hacer en el pueblo, así que si se aprueba el PGOU habrá que reformarlo para que encaje con el plan andaluz", afirma Javier Egea, coordinador provincial de Ecologistas en Acción. Los miembros de la plataforma se reunirán próximamente con la consejera Fuensanta Coves.

Un día después de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunciara en Málaga la retirada de las competencias urbanísticas al ayuntamiento de Marbella en cuanto se apruebe la nueva Ley del Suelo, Benavides hizo pública su intención de convocar un referéndum sobre el proyecto de PGOU. El alcalde asegura que se justifica por la coherencia con su propio programa electoral, que prevé este tipo de consultas para los asuntos más relevantes que afecten al pueblo. "En realidad se trata de una huida hacia adelante", afirma la jefa del grupo municipal socialista y parlamentaria andaluza, Rocío Palacios, que cree que el referéndum se debe a la ferviente oposición del gobierno autonómico y responde a la dinámica de "el que no está conmigo, está contra Almuñécar".

El proyecto de PGOU está expuesto para la consulta de todos los vecinos en el Centro de Iniciativas Empresariales del municipio que, por el momento, no ha dado copia a la administración autonómica. El que esté interesado puede adquirir allí mismo una copia. Cuesta 709,55 euros.