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Tribuna:

Mentir en Creta o el pastor mentiroso

En la actual situación del PSPV-PSOE, nunca sabremos si estamos ante la paradoja del mentiroso de Creta o ante la fábula del pastor mentiroso. Cuando afirman una cosa y su contraria -política urbanística- parece que nos acercamos al compulsivo mentiroso de la Creta clásica, mientras que cuando a sabiendas mienten para acallar su desorden y falta de liderazgo interno, o las dos cosas a la vez, parecen acercarnos al ejido donde pace la grey.

Al celofán con que acostumbran a envolver sus argumentos algunos dirigentes del PSPV-PSOE le ocurre lo que al celofán real: con el tiempo se amarrona, pierde su pegamento, y acaba en el cubo de la basura. Eso sí, después de contaminar una parte de la vida política. Viene esto a colación, pues ya son varios los intentos, a lo referido por el señor Burriel, en su reciente artículo publicado en estas mismas páginas, en las que las acusaciones a un consejero, se barnizan con una seudoapariencia argumental basada en irrealidades. La primera: No existe la resolución a la que ya en el primer párrafo hace referencia en dicho artículo. Por tanto, no puede desvelar nada aquello que no existe, lo diga Agamenón o su porquero. Alguien debería haberle dicho que el informe, que no resolución -el matiz es importante, pues no es lo mismo buscar un crédito que firmar un crédito- de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, propina un distinguido sopapo a una ley, la LRAU, de la que ustedes, y en este caso usted, se desentienden como si esa, su ley, no fuera su ley.

La cantinela del reglamento, la excusa de su aplicación, cuantos pretextos han buscado para defender y atacar al mismo tiempo una ley del señor Burriel no los eximen del varapalo que la Comisión introduce en su informe. Lo más grave todavía estaba por llegar. Tanto los socialistas como el PP eran conocedores de dicho informe. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, cuando se presenta la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), el PSPV vuelve a apacentarse en el ejido del desconcierto. Primero, rechazando la negociación sin condiciones de toda una ley, después con la presentación de unos artículos bajo el barniz de un presunto texto alternativo que la misma Mesa de las Cortes tuvo que obligarles a subsanar, para continuar con unas enmiendas, ahora sí, a la LUV, que no tomaban en consideración ni una sola de las recomendaciones de la Unión Europea.

Ahora, cuando el Grupo Popular incorpora cada una de las recomendaciones de la Unión Europea, cuando recoge las propuestas del Síndic de Greuges y cuando se informa a Bruselas de las aportaciones introducidas, se nos dice que buscamos la "aquiescencia europea". ¡Faltaría más! Estamos en Europa, mal que les pese y, aunque como muy bien han dicho ustedes, los informes europeos no son vinculantes para los gobiernos estatales ni regionales, el mínimo político exige tomar en consideración las propuestas que de allí emanan y no solo utilizarlas como arma arrojadiza cuando a alguien le conviene.

Más llamativo es que se afirme que ha habido "sucesivas prórrogas" y que durante una noche -cosa no cierta, otro grito de auxilio del pastor mentiroso- se incorporasen 200 enmiendas. Es cierto que hubo prórrogas, todas ellas en busca de un acuerdo que el PSPV aceptaba y rechazaba como las hojas de la margarita y que nos lo demandaba tanto la responsabilidad de gobierno como los agentes sociales y económicos implicados. Dice Burriel, desautorizando a su secretario general, "el PSPV se manifestó en contra de la ley desde el principio". No parece que fuera ese el mensaje que Joan I. Pla transmitió al PP en reiteradas ocasiones, llegando a pasar al portavoz popular, hasta un documento que sirviera de base para la negociación.

De ser cierta la incorporación de 200 enmiendas en una sola noche, sería una razón para felicitar a los populares por su capacidad de trabajo y censurar a los socialistas por su desidia. Pero aun no siendo cierto, en el tiempo, aun cuando sí en el número, hay que preguntarse, si todas estas enmiendas obedecen a recomendaciones de la Unión Europea, como así es, dónde ha estado el PSPV durante todo este tiempo cuando durante las sucesivas prórrogas ha sido incapaz de recoger ni una sola de estas recomendaciones. Es menos costoso un artículo de opinión con seudoargumentos que trabajar con los representantes sociales y con las instituciones europeas y españolas para mejorar la ley.

Uno de los handicaps de los seudoargumentos es que no se sostienen al contrastarlos con la realidad, y cuando el consejero Blasco asegura que la ley garantiza la "transparencia del proceso, los derechos de los propietarios y los criterios europeos" es porque las adjudicaciones de PAI tendrán las garantías de una adjudicación pública sin posibilidad de acuerdos previos, los derechos de los propietarios tendrán su propio estatuto por el que se regirán y, finalmente, los propietarios pasarán de tener 10 días para examinar la documentación como sucedía con la LRAU socialista a tener 60 días, según la LUV popular. Asegurar, como hace Burriel, que se "reducen drásticamente los períodos de información a la ciudadanía y a los propietarios afectados" no hace sino situarnos de nuevo ante la paradoja del mentiroso de Creta.

El problema de los sofismas no es tanto el argumento como el contenido que sostiene a dicho argumento. Es como imaginar un edificio con los pilares llenos de agua. Imaginativamente puede incluso ser atractivo. En su paso a la realidad se desmorona. El PSPV continuamente nos presenta constructos seudoargumentales y ni uno solo de ellos soporta el peso de la prueba... y no digo ya de los resultados electorales. Pla está atenazado, e incapaz de presentar alternativas y alcanzar acuerdos, como se ha visto en la LUV, se refugia en el embeleco de la haronía, mientras el señor Buriel continúa empujándolo al abismo de la indigencia política.

Cristina Serrano es secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de diciembre de 2005