Un estudio metropolitano plantea que la vivienda sea un servicio como la enseñanza

Un estudio encargado por el Plan Estratégico Metropolitano y que lleva el nombre de Urbanismo, vivienda y cohesión social plantea que la única forma de evitar los graves problemas de acceso a la vivienda para una franja cada vez más amplia de la población es que se convierta en un servicio público de interés general, como lo son la educación y la atención sanitaria.

El autor del estudio, Juli Ponce Solé, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, considera que la vivienda, a la que la Constitución da carácter de derecho básico, no lo es en realidad y que las administraciones se han limtado a intervenir en casos que se pueden considerar de necesidad, como fueron los planes especiales en las décadas de 1950 y 1960 por la llegada de la inmigración interior a las grandes ciudades. "Las personas saben que si se caen por una escalera y se rompen una pierna son asistidas, y lo que no puede ocurrir, como está pasando ahora, es que las personas que pierdan sus viviendas por los motivos que sean sólo tengan como recurso Cáritas y otro tipo de organizaciones similares. Si es un servicio público, la Administración tendrá responsabilidad directa y deberá concretar el nivel de prestación", se señala en el estudio, y se añade que en otros países de Europa funciona de esa forma y que es necesario que en España deje de considerarse todo lo relativo a la vivienda como una actividad privada en la que sólo se interviene en episodios de crisis "y de forma más discutible, como los polígonos creados hace dos y tres décadas, que tantos problemas han generado".

El estudio, que tiene como ámbito la región metropolitana, integrada por 36 municipios y más de tres millones de habitantes, apunta también otro principio: el de la solidaridad intermunicipal para mantener la cohesión social en el territorio. "Se está a tiempo de evitar males mayores, como la concentración de inmigración en suburbios y ciudades satélites de Francia, con una política de vivienda acertada", opina Dídac Pestaña, coordinador general del plan metropolitano.

El estudio recoge, por ejemplo, que de las 39.110 hectáreas destinadas a usos residenciales en la región metropolitana, más de 21.000 están afectadas por graves déficit de calidad urbana. Muchos de estos males se concentran en los barrios, con 180.000 viviendas en las que residen alrededor de 400.000 personas, de las que un alto porcentaje son inmigrantes extracomunitarios.