El gobierno de Gibraleón revisará cuatro convenios urbanísticos del PP que recalifican 214 hectáreas

El nuevo gobierno de Gibraleón (Huelva), formado por ocho concejales tránsfugas del PSOE y una del PP, ha decidido revisar cuatro convenios suscritos por el anterior equipo municipal, dirigido por el popular José Ramón Gómez Cueli. El actual alcalde, Juan Serrato, entiende que en los cuatro convenios, que prevén la recalificación de 214 hectáreas (2,14 millones de metros cuadrados), hay irregularidades. La principal es el precio de tasación que se da a los terrenos, que considera muy inferior al precio real de mercado. Con la redacción actual, las recalificaciones suponen para el Ayuntamiento unos ingresos de 7,9 millones de euros. El nuevo gobierno afirma que estos ingresos deben ascender a, al menos, 15,3 millones.

El Ayuntamiento de Gibraleón ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán a raíz de la moción de censura impulsada por ocho ex concejales del PSOE y una ex edil del PP, Esperanza Ruiz, contra Gómez Cueli. Esta moción de censura, defendida inicialmente por el PSOE de Huelva y luego desautorizada, se consumó finalmente el pasado viernes en medio de una fuerte tensión en el municipio. Los ocho concejales abandonaron el PSOE al decidir seguir adelante con la moción de censura.

En sus declaraciones públicas, el nuevo gobierno local justificó la moción de censura con el argumento de que quería acabar con la especulación urbanística en el municipio onubense, aunque sin dar más datos. Ahora, nada más llegar al poder, el nuevo gobierno local ha decidido poner la lupa sobre cuatro convenios urbanísticos suscritos por el PP que considera sospechosos. Los cuatro convenios contemplan la construcción de 4.385 viviendas en estos terrenos, lo que supondría unos 17.500 habitantes más en un municipio que, actualmente, tiene unos 15.000 vecinos.

El alcalde de Gibraleón, Juan Serrato, tiene previsto sentarse con los propietarios de los terrenos para "revisar" los convenios suscritos en la anterior etapa. Estos convenios están vinculados a la aprobación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, cuya redacción está ultimada.

La principal pega que le pone el nuevo gobierno local de Gibraleón a los convenios es el precio de tasación que se da a los terrenos que está previsto recalificar para que pasen de suelo rústico a urbanizable con el fin de darles uso residencial.

Terreno o dinero

La Ley del Suelo andaluza prevé que los promotores deben ceder a los ayuntamientos el 10% del aprovechamiento lucrativo del terreno. Este 10% puede cederse a los ayuntamientos en terreno o bien en dinero, fórmula por la que optó el anterior gobierno del PP.

El equipo de gobierno de Gómez Cueli tenía previsto ingresar un total de 7,9 millones de euros con la recalificación de estos terrenos, de los que el Ayuntamiento ya ha percibido 1,8 millones. El actual gobierno local considera que, según los precios del mercado y el criterio utilizado por el equipo redactor del PGOU de la localidad, los beneficios para el Ayuntamiento deberían ascender en realidad a, al menos, 15,3 millones de euros.

Serrato va a plantear a los propietarios de las fincas que se haga una "tasación real" de los terrenos y, en caso de que no haya acuerdo, dará por rotos los acuerdos alcanzados por el PP. En este caso, el Ayuntamiento tendrá que devolver el dinero entregado a cuenta por los propietarios. "Vamos a intentar revisarlos para adaptarlos a la legalidad", señaló ayer el alcalde de Gibraleón.

Entre otras cuestiones, el gobierno local cuestiona la justificación tan escueta que se hace en los convenios para tasar los terrenos. En uno de los convenios, el arquitecto municipal, Pedro Marquínez, afirma: "Que, atendidas las circunstancias de extensión, forma, situación, precios comparativos de mercado para el uso turístico que se pretende desarrollar en la zona en cuestión, según mi leal saber y entender, procede valorar el suelo urbanizado a razón de 134,03 euros el metro cuadrado, según acuerdo entre las partes sobre el precio de venta de mercado en la zona". La expresión "según mi leal saber y entender" aparece en otros dos convenios.

El actual gobierno municipal entiende que despachar la valoración del terreno en esta escueta frase es inapropiado. "Los ayuntamientos están sujetos a una normativa específica, hay un protocolo de valoración que se tiene que explicar. El valor de aprovechamiento está muy por debajo del valor de mercado", dice Serrato.

El nuevo alcalde también cuestiona la nula publicidad que se dio a los convenios, que sí fueron llevados a pleno. "Según la Ley del Suelo tenían que someterse a información pública y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y no se hizo. Es un defecto formal", afirmó ayer.