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Territorio obvia un dictamen que denegaba un proyecto de urbanización de Marina d'Or

El director Ordenación Territorial abre un nuevo plazo para que la empresa alegue

María Fabra

La Consejería de Territorio y Vivienda ha paralizado el procedimiento de resolución de una solicitud formulada por el Ayuntamiento de Oropesa para la urbanización de un sector contiguo a Marina d'Or y adjudicado a una de las empresas del mismo grupo. Por orden del director general de Planificación y Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, se ha abierto un nuevo plazo de diez días para que la empresa alegue, cuando sobre su solicitud existen ya dos dictámenes en contra. Uno de los dictámenes negativos, el de la comisión de Urbanismo de Castellón, ha sido obviado en la resolución.

La comisión advierte al Ayuntamiento de Oropesa de la ausencia de cinco informes

La base sobre la que Grimalt determina este nuevo plazo de audiencia es una resolución en la que realiza una cronología del procedimiento que omite el dictamen aprobado por la comisión informativa de Urbanismo de Castellón, una comisión técnica que, en septiembre, denegó la cédula de urbanización solicitada por el Ayuntamiento de Oropesa para que Marina d'Or pudiera desarrollar esta zona. La misma resolución sí refleja que el servicio territorial de Planificación y Ordenación ya informó en junio sobre la solicitud de la citada cédula pero también obvia que este informe fue igualmente negativo. La resolución del Grimalt, fechada el 16 de noviembre, se produjo dos meses después de recibir el segundo dictamen desfavorable a la solicitud que, al parecer, nunca firmó, lo que hubiera elevado a definitiva la denegación.

El hecho de que el director general no firmara la denegación de la solicitud provocó la presentación de algunas alegaciones que, de momento, no se han contestado. Por todo ello, los afectados no descartan presentar una querella. De hecho, en las alegaciones presentadas dentro del nuevo plazo dictado por el director general de Ordenación Territorial, los afectados apuntan que "los términos en los que se halla redactada la resolución son gravemente equívocos y lesivos para esta parte en tanto que omiten extremos esenciales del expediente administrativo" y adelantan que "de no subsanarse plenamente las omisiones, los daños y perjuicios que presumiblemente causarían a esta parte serían de imposible o muy difícil reparación al allanarse el camino para que se dicte una resolución constitutiva de un ilícito administrativo, cuando no penal", en clara referencia a la prevaricación.

La superficie afectada abarca más de 350.000 metros cuadrados y se encuentra en la zona denominada Les Amplàries, situada al norte del complejo ya existente. En ese espacio se encuentran en funcionamiento cuatro campings, que fueron incluidos en un Programa de Actuación Integrada (PAI) por el que Marina d'Or pugnaba con otra empresa. El Ayuntamiento de Oropesa adjudicó el programa a una de las empresas del grupo Marina d'Or, Construcciones Castellón 2000, pese a que la zona ya estaba homologada, por lo tanto marcaba unas características para su desarrollo, y las propuestas presentadas no cumplían estas cláusulas. La adjudicación salió adelante con los votos a favor del edil del PSPV, ya expulsado, y los del PP, entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat (PP), que comparte propiedades con una empresa de ese mismo grupo, presidido por Jesús Ger.

El dictamen que en su resolución ha obviado Pedro Grimalt y en el que se deniega la cédula de urbanización de este sector contiguo a Marina d'Or es tajante: Señala que, en la tramitación, no consta que el Ayuntamiento haya solicitado los informes pertinentes de las consejerías de Cultura y Sanidad, ni de la Consejería de Territorio, ya que afecta a vías pecuarias, "ni de la administración competente en infraestructuras ferroviarias, ni de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente", ya que el plan implica la ordenación del litoral. Es decir, la comisión advierte al Ayuntamiento de Oropesa de la ausencia de cinco informes preceptivos, pese a lo que el pleno aprobó la adjudicación. Además, el dictamen basa también su informe desfavorable en cuestiones técnicas como la delimitación de las unidades en las que se ha dividido el sector y el cumplimiento de los requisitos de integración y conexión con su entorno.

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