Alboraia adjudica la ampliación de Port Saplaya pese a que, según los afectados, el concurso fue paralizado

El Ayuntamiento de Alboraia ha adjudicado los proyectos de ampliación de la marina de Port Saplaya y de construcción de una nueva zona comercial a pesar de que ambas licitaciones son ilegales. Al menos así lo entiende la Asociación Salvem L'Horta Vera-Alboraia, que presentó en el juzgado un recurso contra los concursos convocados por el Ayuntamiento y que al haber transcurrido un mes sin que el Consistorio haya contestado considera que ambas licitaciones están legalmente suspendidas, de acuerdo con lo que establece la ley. Este colectivo considera que tanto la apertura de plicas de los concursos como la posterior adjudicación de los mismos se han realizado con posterioridad a la paralización de la contratación, por lo que entiende ambos actos como "contrarios a derecho y perjudiciales para el Ayuntamiento y las empresas licitadoras, por las sustanciosas indemnizaciones que tendrían que afrontar en el futuro".

El plan del Ayuntamiento de Alboraia pasa por trasladar la superficie comercial existente junto a Port Saplaya, frente al mar, a la extensión de huerta expropiada, calificada ahora como suelo no urbanizable de especial protección. La actual zona comercial daría paso a la ampliación de la marina de Port Saplaya y a la construcción de 800 viviendas de lujo y dos hoteles en primera línea de playa, además de 225 nuevos amarres para embarcaciones. Este proyecto ha sido adjudicado a la empresa Astroc, mientras que el de la nueva zona comercial lo hará la UTE formada por Altarea y Ortiz. La Asociación Salvem L'Horta Vera-Alboraia ha anunciado que interpondrá recursos en los juzgados contra las dos adjudicaciones. La asociación -que agrupa a unos 80 propietarios contrarios a las intenciones del Consistorio- considera que el proyecto "infringe gravemente la legislación protectora de la huerta" y "supone un fraude a la legislación con infracción de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística".

El alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, del PP, defiende el proyecto. "Lo ideal no es tener un hipermercado en primera línea de playa, como ocurre ahora, un hipermercado que está obsoleto y cuyos accesos son nefastos", según declaró a este periódico el pasado octubre. El edil señalaba que en la superficie comercial "trabajan unas 300 familias" y defendía que "el principal motor de Alboraia es el sector servicios", por lo que consideraba necesaria, entre otras medidas, la de "explotar el turismo náutico". "Mi cargo me obliga a tener visión de futuro", añadía Álvaro, quien afirmaba que su deber es "velar por los intereses de los 21.500 habitantes del municipio".